Algunos especialistas de tan triste fenómeno vienen indicando, cada vez con mayor insistencia, que la violencia de género es ya en España un problema de Estado y que como tal debe ser tratado con un pacto que implique a todos los agentes sociales y políticos. Es muy posible que así sea, pero todo dependerá de los términos de este entente potencial y del modo en el que se involucren en él sus partícipes. Sea como sea, está claro que, de momento, el incremento de denuncias, los gabinetes de apoyo a las víctimas y las campañas de concienciación resultan insuficientes. Se impone la necesidad de observación y evaluación permanente.
Dos días después de la celebración del Día Internacional de la Mujer, llega el balance del Consejo General del Poder Judicial que sitúa a Balears con la tasa más alta de denuncias por violencia de género en todo el país. El año pasado se produjeron 90 por cada 10.000 mujeres cuando la media española es de 57. Hubo 5.268 denuncias en estas islas, un 13% más que en 2015. Por desgracia, tampoco puede extrañar en demasía en un archipiélago que a estas alturas del año ya ha batido sus propios récords de mujeres muertas por violencia machista.
Habrá que dar de una vez por todas con las causas que ocasionan tanto desastre en una sociedad que se supone mejor formada, más abierta, plural y tolerante. Las agresiones a la mujer comienzan en el ámbito doméstico, en silencio, bajo la resignación y la impotencia. No debería ser así pero, además del sufrimiento personal, acaban teniendo unas repercusiones que corroen a toda la sociedad.
