11 de marzo de 2017
11.03.2017
Fraude laboral

Los constructores denuncian casos de fraude laboral en las obras públicas

Advierten de que las Administraciones isleñas están aceptando ofertas temerarias de empresas peninsulares que suponen bajadas de precios de hasta un 20% - La patronal denuncia que las constructoras isleñas se ven apartadas en las licitaciones

11.03.2017 | 02:24
Los constructores denuncian casos de fraude laboral en las obras públicas

Las claves

  1. ´Ofertas temerarias´: bajadas de precios de entre un 10% y un 20%. Las empresas llegadas de la península se están quedando con gran parte de la obra pública que se ejecuta en las islas al hacer ofertas entre un 10% y un 20% más bajas con las que las constructoras isleñas no pueden competir
     
  2. Convenio balear: un convenio más caro que el de otras regiones: las constructoras que trabajan en las islas están obligadas a aplicar a sus plantillas el convenio balear, un 19% más caro que el de Lugo o un 15% más que el de Tenerife, y la patronal asegura que esta exigencia no se respeta
     
  3. Más controles: demanda de más inspecciones de trabajo en el sector. La patronal pide que la Inspección de Trabajo vigile el cumplimiento del convenio

El sector privado no es el único que hace la vista gorda a la hora de contratar a empresas constructoras llegadas de la península y que pagan a sus trabajadores salarios inferiores a los que marca el convenio balear. Las Administraciones isleñas también incurren en este tipo de prácticas, aceptando bajas temerarias en los precios a los que adjudican las obras, que están condicionando la recuperación del sector en el archipiélago, según se afirma desde la patronal isleña.

Este problema, según se subraya desde esta organización empresarial, se da en la obra pública que sale a concurso por parte de todo el sector público, ya sean proyectos municipales, de los consells insulars, Comunitat Autònoma o Estado. Según se subraya, cuando una constructora tradicional de las islas presenta su oferta, se encuentra con que otras llegadas de fuera y que traen a sus plantillas desde otros puntos de España han entregado propuestas que pueden llegar a ser entre un 10% y un 20% más bajas, con unos precios que, según se asegura desde esta asociación balear, resultan inviables si se respeta el convenio balear del sector en lugar de aplicar el de las regiones de sus trabajadores.

Estas "bajas temerarias" resultan aun más extrañas si se tiene en cuenta que en estos momentos los concursos para la adjudicación de obra pública fijan que el precio que se ofrece debe de ser finalista, sin que se puedan aceptar extras posteriores, independientemente de como evolucionen los trabajos. Anteriormente, las constructoras aceptaban en ocasiones desarrollar un proyecto por precios muy bajos al ser conscientes de que éste estaba mal redactado, lo que iba a obligar durante el desarrollo de las obras a realizar modificados sobre los que sí se exigían posteriormente tarifas más altas y de donde se obtenía el beneficio final. Pero estos modificados ya no se pagan aparte.

¿Cómo se explica que algunas empresas llegadas de la península puedan hacer ofertas tan bajas? Según se pone de relieve desde la patronal balear, aplicar el convenio colectivo de las islas, tal y como exige la ley cuando se trabaja en el archipiélago, supone unos costes laborales hasta un 19% superiores a los que conlleva el convenio de Lugo, y un 15% más que el de Tenerife. La conclusión, a la vista de los casos ya detectados en obras de reforma hoteleras y denunciados hace algunas semanas por Diario de Mallorca, es que este incumplimiento del convenio balear se da también en las obras promovidas por las Administraciones públicas, agravando el problema de competencia desleal existente en el sector privado.

Empresas isleñas apartadas

En definitiva, desde la patronal de constructores se destaca que las empresas isleñas se están viendo apartadas de buena parte de las inversiones que se desarrollan en las islas por parte de sus Administraciones. La prueba más evidente de ello, según se afirma, es que si se analiza la lista de adjudicaciones que se han realizado durante los últimos años, apenas aparecen empresas de tradición mallorquina.

Según esta patronal, estos hechos resultan especialmente graves no solo por cuanto dejan fuera a las firmas de Balears, sino porque implican también un freno a la creación de empleo en el archipiélago, precisamente en el sector en el que más puestos de trabajo se han destruido a lo largo de la crisis.

Menos empleo que inversión

En este sentido, el presidente de esta organización empresarial, Eduardo López, ya advirtió el pasado jueves, al presentar los datos de inversión en el sector durante 2016, que mientras que ésta había crecido un16,6% en relación al ejercicio anterior, el empleo en el sector solo se había incrementado un 7,7%, es decir, a la mitad de velocidad, algo que se achacó en buena medida a la citada competencia desleal, para la que reclamó más inspecciones laborales.

En este sentido, se recordó que este sector está dando empleo a unos 44.000 trabajadores de media a lo largo del año en Balears, cuando la cifra a la que se debería aspirar es a moverse entre los 50.000 y los 55.000, sin alcanzar los 70.000 de 2006.

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