La primera jornada de la principal feria turística del mercado alemán alumbró dos certezas: la temporada que acaba de empezar volverá a estar marcada por el abarrote de clientes, que se producirá sin que el Govern pueda poner coto al alquiler turístico alegal. Lo primero, el lleno turístico, lo confirmaban el Govern y los hoteleros, que manejan cifras que hablan incluso de un fuerte crecimiento de la demanda en los meses de primavera Y lo segundo quedaba constatado durante el encuentro, casi choque de trenes, entre el ministro de Turismo, Álvaro Nadal, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, arropada por el vicepresident balear, Biel Barceló. Durante el encuentro, representado ante las cámaras que poblaban el stand de Balears en la feria ITB, Armengol y Barceló reclamaban al ministro Nadal que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para que deje de ser "un coladero" de alquiler turístico encubierto.
¿Qué pretenden? Pues según explicaban Armengol y Barceló, la idea es que el Gobierno central modifique un artículo de la ley, en el que se definiría como alquiler turístico todo aquel que sea de menos de un mes. De ese modo, al tratarse de alquiler turístico quedaría bajo el manto normativo de Balears, que está precisamente reformando su legislación del alquiler turístico para restringir el avance del uso vacacional de pisos en edificios residenciales.
Esa reforma, que concluirá su fase de alegaciones en los próximos días, estará aprobada para antes del verano e incluirá medidas como multas más altas para quien alquile a turistas sin estar registrado como alquiler turístico y restricciones que pueden llevar a la prohibición total del arrendamiento vacacional si el Consell Insular o el ayuntamiento que corresponda así lo considera. El problema es que la regulación no será efectiva en tanto en cuanto la Ley nacional de Arrendamientos Urbanos siga permitiendo alquilar pisos por días, dejando abierta una puerta por la que se puede colar todo el arrendamiento turístico que Balears quiere prohibir: basta un contrato de arrendamiento de formato LAU y depositar la fianza del alquiler para evitar la multa balear.
De ahí la petición del Govern para que el Gobierno central cierre el "coladero" de la LAU. ¿Lo hará el Gobierno Rajoy? Pues cada vez está menos claro. En Madrid dijeron que sí, que tenían intención de entrar en el asunto. Ayer el ministro Nadal se mostraba evasivo al respecto, aunque su secretaria de Estado de Turismo, la canaria Matilde Asián, aseguraba estar trabajando en la cuestión. Aunque el foco, más que en la LAU y el alquiler turístico como fenómeno de impacto social, está puesto en la actividad sumergida que genera este modo de alejamiento. Por eso Nadal solo se comprometía a modificar dos impuestos, el IVA y el IRPF, para asegurarse de que "las plataformas turísticas de alquiler [en referencia a AirBNB y similares] han de tener obligaciones tributarias". "El alquiler turístico no puede ser un foco de dinero negro, todos deben pagar impuestos", enfatizaba Nadal.
Con su respuesta dejaba frío al Govern, que ve en el ministro puro afán recaudatorio y no de poner orden en un arrendamiento turístico que relacionan con las dificultades de los residentes para acceder a la vivienda y con fenómenos de los que ya se habla hasta en Alemania, como la saturación turística de las islas y la turismofobia que empieza a florecer entre los residentes de las islas.
Campaña del GOB en Berlín
De esto último también hablaba ayer en Berlín el grupo ecologista GOB, que se ha aliado con un lobby ecologista de acción mundial, el Global Nature Fund, para lanzar durante la ITB una campaña con la que pretende denunciar en Alemania los efectos negativos que los excesos turísticos están teniendo sobre las islas. En su ofensiva hablan de problemas de depuración de agua, presión excesiva sobre espacios naturales, "invasión de coches de alquiler" o daños irreversibles en los fondos marinos, por la masificación de las playas y los fondeos incontrolados.
