10 de marzo de 2017
10.03.2017

El Govern multará a los ediles que permitan obras ilegales

El Ejecutivo presenta su anteproyecto de ley urbanística con mayores sanciones en materia de disciplina y un impulso a las demoliciones

10.03.2017 | 02:04
El anteproyecto de ley fue presentado ayer por el conseller Marc Pons.

La ley urbanística que el Govern pretende poner en marcha fija un endurecimiento en materia de normativa urbanística, con mayores sanciones y un impulso a la demolición de las construcciones ilegales. Además, se contempla la posibilidad de que los cargos públicos, como los alcaldes, que permitan el desarrollo de proyectos ilegales pese a conocer su existencia sean sancionados.

Este anteproyecto fue presentado ayer por el conseller de Territorio, Marc Pons, y por el director general de Ordenación, Lluís Corral, ante representantes del sector urbanísticos y de grupos ecologistas, entre otros.

Entre los aspectos más destacados están los relacionados con la disciplina urbanística, con multas para los infractores que pueden llegar a alcanzar hasta el 300% del valor de la obra ilegal si ésta se desarrolla e suelo rústico, o hasta el 100% si se da en terrenos urbanos urbanos o urbanizables.

Además, se quiere dar un impulso a la demolición de las edificaciones ilegales. Así, los infractores que no procedan al correspondiente derribo podrán ser sancionados con multas de un 10% del valor de la obra durante cada mes que pase sin ejecutarse esa actuación, con un máximo de 12 meses. Una vez concluido el plazo que se da al infractor para proceder a la demolición, la Administración dispondrá de 15 años para hacerlo de forma subsidiaria, en lugar de los ocho que tiene actualmente. En el caso de las obras ilegales ya prescritas, no se permitirá ninguna actuación en ellas, ni siquiera para su mantenimiento. Si esa edificación irregular se encuentra en suelo rústico con especial protección (ANEI, ARIP y ATP), los consells insular y los consorcios supramunicipales podrán actuar contra estas construcciones.

Cargos públicos responsables

Un punto destacado es que la citada ley contemplará la responsabilidad de aquellas autoridades y cargos públicos que, pudiendo impedirla, permitan la disciplina urbanística de forma continuada, ya sea permitiendo que los expedientes prescriban o dejando de sancionar una infracción. La multa que se podrá aplicar es la equivalente al valor del proyecto ilegal más costoso sobre el que no se haya actuado.

Este anteproyecto contempla también iniciativas para simplificar y agilizar las tramitaciones urbanísticas legales y para reutilizar el suelo urbano y evitar un mayor consumo de territorio.

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