01 de marzo de 2017
01.03.2017

El empresario se ofreció a declarar voluntariamente ante el juez

Fuentes próximas a Tolo Cursach niegan los cargos y aseguran que éste lleva tres años bajo sospecha

01.03.2017 | 01:01

Tolo Cursach se ofreció en varias ocasiones, y por escrito, al juez Manuel Penalva a prestar declaración para aclarar las sospechas que pesaban sobre él de formar parte de un entramado de corrupción de empresarios y policías locales.

Los investigadores de la macrocausa contra las presuntas tramas de corrupción en las Policías Locales de Palma y Calvià y en otros departamentos del primer consistorio citado no aceptaron la oferta del empresario.

El nombre de Cursach ha salido varias veces a relucir en los miles de folios que integran el sumario. El dueño del Grupo de Ocio Cursach ha aparecido como uno de los empresarios de la noche que recibían un trato de favor de la Patrulla Verde y de otras unidades policiales, a cambio de sobornos.

Sin embargo, las fuentes próximas al detenido niegan categóricamente esos cargos y aseguran que Cursach lleva tres años bajo sospecha de Penalva.

"No es cierto que nuestras empresas (el Grupo Cursach Ocio) hayamos recibido un trato de favor de las Administraciones, al contrario a veces nos han tratado con mayor rigor que a otros", explica una persona muy próxima a Cursach.

Como ejemplo ponen los litigios que enfrentaron a Cursach con el entonces edil de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, entre 2004 y 2006, por las actividades desarrolladas en la discoteca Megapark de s'Arenal, que ayer fue registrada por la Policía.

En 2001 la asociación de empresarios Biers Garden interpuso una querella por el expediente urbanístico del Megapark. Según los querellantes Tolo Cursach había recibido un claro trato de favor por parte del Ayuntamiento de Palma, como lo demostraría la celeridad con la que permitió su reapertura tras una orden de clausura. La querella se archivó.

El Megapark dio origen a otras querellas y demandas por lo contencioso-administrativo. Entre 2004 y finales de 2006 el fiscal anticorrupción Juan Carrau investigó si el edil de Urbanismo de Cort Javier Rodrigo de Santos había delinquido en relación al expediente del Megapark. y a la eliminación de la música ambiental en otras terrazas de la Playa de Palma.

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