Ironías de la vida, el turismo británico de todo incluido se está convirtiendo en un problema también para los hoteleros. Y más ironías: el sector que mejor capeó con su solvencia la falta de crédito bancario de la última crisis financiera, el hotelero, es ahora asaeteado por una cláusula abusiva al más puro estilo de la cláusula suelo de los hipotecados. Con ella, los touroperadores descargan en los hoteles a los que reservan las camas toda la responsabilidad por los daños que puedan sufrir unos viajeros que únicamente pagan de forma directa al touroperador. "Es claramente una cláusula abusiva, como los suelos de las hipotecas", explica la presidenta de la patronal hotelera, Inma Benito, que detalla que se están moviendo a todos los niveles en Madrid, Londres y Bruselas para acabar con estos contratos, impuestos por los touroperadores que controlan la clientela británica.

Base para pelear tienen, dice Inma Benito. Asegura que tanto el sistema británico de protección al consumidor como la directiva de la UE que regula los viajes combinados (la 2015/2302) hacen al touroperador responsable de todo lo ocurrido durante el viaje, incluido lo que pase en el hotel. No es el único abuso que sufren los hoteleros, a los que por contrato también se les impone la renuncia a la legislación española, para someterse a la justicia británica en caso de reclamación, hecho que implica el encarecimiento de la defensa y aporta aún más ventaja al cliente inglés (y solo a él): en el Reino Unido, desde una reforma que entró en vigor en abril de 2013, los consumidores pueden permitirse el lujo de no gastar nada en su demanda por daños, y pagar solo costes procesales cuando sus abogados especializados ganan y les consiguen una indemnización.

Para desactivar todas estas cláusulas que dejan en la indefensión al hotelero, Inma Benito y su equipo se han reunido, entre otros, con los touroperadores (a los que se pide que renuncien a sus cláusulas abusiva), con el embajador británico y con altos mandos de la Policía Nacional y el ministerio de Interior, mientras trabajan en Bruselas para que las autoridades comunitarias desactiven el abuso.