26 de febrero de 2017
26.02.2017
Negociación

La Ley de Vivienda, pendiente de que PSIB y Podemos lleguen a un acuerdo

El partido morado exige que el Govern esté obligado a dar una alternativa habitacional

27.02.2017 | 09:40
El conseller de Territorio, Marc Pons, quiere que el proyecto llegue al Parlament antes del verano.

La Ley de Vivienda balear, cuyo borrador de anteproyecto fue presentado a finales del pasado año, esta pendiente de la negociación entre PSIB y Podemos, partido que considera que la propuesta del Govern es "muy mejorable", según el diputado de la formación morada Aitor Morrás, para quien el proyecto elaborado por el Govern "quiere ser a la vez una ley de vivienda y de medidas de emergencia, pero se queda a mitad de camino de ambas cosas". La pasada semana Morrás se reunió con el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, el socialista Marc Pons, para comenzar a negociar. Se trata de una de las iniciativas que el Govern se había marcado como objetivo aprobar antes del verano. La reunión fue una primera toma de contacto sobre este asunto, en el que Morrás confía en que sea posible alcanzar un acuerdo satisfactorio para Podemos.

Entre las cuestiones que la formación morada quiere incluir está la de que "se contemple el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y se declare servicio esencial, de tal modo que el Govern esté obligado a dar una alternativa habitacional si es necesario y, si no lo hace, se le pueda reclamar en los tribunales".

Junto a ello, Podemos considera que la propuesta adolece de un exceso de intenciones con una redacción poco contundente que obligue a su cumplimiento, abriendo la puerta a posibles dilaciones. "Nuestra postura casi se podría resumir en la inclusión de la palabra 'garantizar' de manera repetida", afirma Morrás para quien, además, el texto incide demasiado en un concepto del derecho a la vivienda basado en la propiedad, lo que supone "mantener el modelo especulativo por el que la gente se sigue hipotecando".

Otra de las cuestiones que el partido morado quiere que desaparezca de la propuesta es la posibilidad de "cambio de uso terciario de locales comerciales a uso residencial" sin que sea necesario como regla general solicitar la autorización de las comunidades de propietarios,una medida que podrán adoptar los ayuntamientos mediante la aprobación de una ordenanza municipal sin necesidad de modificar el planeamiento general, según el artículo 16 del anteproyecto. Morrás sostiene que "la mayoría de los propietarios de los bajos comerciales son bancos y hoteles" y que, una vez que se les dé uso residencial, "podrían destinarse a viviendas turísticas".

En todo caso, Podemos admite que las medidas de "emergencia" que contempla la propuesta son adecuadas, aunque considera que se puede ir más lejos. Entre las que contempla la propuesta, se encuentra el que los grandes tenedores de vivienda que por ejecución hipotecaria o por dación en pago se hayan adjudicado un inmueble, estarán obligados a ofrecer esta vivienda en alquiler al antiguo propietario siempre que se trate de la vivienda habitual y permanente, no disponga de otra alternativa o esté en situación de especial vulnerabilidad.

En cuanto a la energía, para cortar el suministro la empresa deberá solicitar antes un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de pobreza energética. Si es así, habrá de garantizarse el suministro básico y aplicar ayudas para no generar una deuda a la persona afectada. Para ello, se creará un fondo autonómico para la atención solidaria de suministros básicos con el fin de atender los compromisos de pago.

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