Oído al parche: las próximas vacaciones le pueden salir gratis. Tiene que contratarlas en la modalidad "todo incluido" y a través de un turoperador, eso sí. Luego, llegado al destino, se va usted a la farmacia que le quede más cerca del hotel y pide que le den un medicamento contra la diarrea, una caja de Fortasec por ejemplo, con el recibo correspondiente. Ni siquiera hace falta tragarse las pastillas porque lo que cuenta es la factura. Bueno, la factura y una llamada a cualquier firma de los llamados claim farmers que han comenzado a circular por las playas de Mallorca en busca de clientes.
Esos carroñeros funcionan igual que los bufetes de abogados que salen en las películas de Hollywood rondando las salas de Urgencias de los hospitales en busca de víctimas de cualquier atropello „por parte de un automóvil, un autobús, una moto o incluso una bicicleta, que todo vale„ brindándose a poner en su nombre una demanda al conductor a cambio de un porcentaje de la indemnización que el juez acuerde. No hay que pagar nada si no se logra la condena. Negocio redondo.
Esas prácticas que parecen ya digo, propias de un guión de cine comienzan a ser una amenaza real. El Diario de Ibiza contaba el miércoles de esta semana cómo se ha disparado el número de demandas urdidas por los claim farmers en las Pitiusas, obteniendo muy jugosas indemnizaciones como compensación por las intoxicaciones imaginarias que han sufrido los turistas durante sus estancias en los hoteles de allí. Ni siquiera hace falta llegar hasta los tribunales porque el touroperador paga sin rechistar con el fin de ahorrarse las costas del juicio. Total, la factura se le descuenta luego al hotel y santas pascuas. Pues bien, en Mallorca sucede lo mismo, como cabe leer hoy en este diario.
No es fácil luchar contra los recolectores de demandas, los abogados buitres y los clientes desaprensivos. Hay que poder demostrar, años después, que el hotel toma las precauciones sanitarias que por otra parte exige la ley, y examinar con lupa cada denuncia. Esa estrategia, a la que podríamos llamar defensiva, cuenta en la clase médica con un añadido mucho más proactivo: un seguro que permite querellarse a su vez contra el denunciante y sus socios si los jueces no les dan la razón. Sea como fuere, unas molestias, unos gastos y unas complicaciones derivadas de esa falta de escrúpulos que abunda por culpa de la picaresca actual.
En realidad, la clave es ésa: la de la abundancia. Si los clientes de los claim farmers son pocos, cuesta menos pagar esas indemnizaciones „pese a que la injusticia duela más que el propio bolsillo„ a cambio de paz. Blindarse contra los buitres cuesta mucho dinero. Pero de producirse una avalancha de denuncias entonces el problema se vuelve muy serio. Las cadenas de alimentación saben que hay una frontera en los hurtos de sus tiendas; hasta que se llega a ella, no compensa montar un sistema de vigilancia muy costoso. Pero en la cuestión que ahora nos ocupa hay un riesgo aún peor que el económico: el de la mala imagen multiplicada por la prensa amarilla. La estrategia activa es la única que sirve en este caso: contrademandas inmediatas por la vía penal porque se trata de una estafa. Al cabo queda claro que a los carroñeros sólo se les mantiene lejos a fuerza de disparos.
