Los taxistas han cambiado su mensaje: tras la reunión celebrada ayer con el conseller Marc Pons, reconocen que va a ser muy difícil dar marcha atrás a la creación de nuevas líneas de autobús directas entre el aeropuerto y las zonas turísticas, por lo que ahora lo que está en negociación es el precio que el Govern debería pagar para compensarles y evitar así las movilizaciones anunciadas. Esta lista de reivindicaciones incluye el rescate de licencias para poner fin al exceso de taxis que hay en la isla, poder hacer transporte sanitario, y el control sobre los coches de alquiler que llegan de la península, entre otras.
Este cambio de estrategia, sin embargo, no garantiza en absoluto la paz en el sector. En primer lugar, porque las citadas patronales del taxi van a celebrar asambleas durante los próximos martes y jueves para ver si sus asociados están de acuerdo en abrir esa nueva vía de negociación por el Govern, cuando hace pocos días estaban ocupando la calle y pidiendo la dimisión de el conseller Pons y de la presidenta Francina Armengol. Y en segundo lugar, y quizás más importante, porque algunas compensaciones que ese colectivo reclama son inasumibles para el Govern.
Los taxistas estiman que los nuevos autocares turísticos van a suponer una reducción de los ingresos para su sector de 16,5 millones de euros anuales.
Para compensar este recorte exigen, en primer lugar, un rescate de licencias para reducir el exceso de vehículos. Y ese es precisamente uno de los principales escollos. Estas asociaciones quieren que se pague a cada taxista que acepte retirar su vehículo 200.000 euros, con una estimación de 84 licencias suprimidas cada año, hasta alcanzar la retirada de unas 600 en toda Mallorca. El conseller es tajante: bajo ningún concepto una operación como esa va a ser financiada con dinero público.
Otras peticiones
Mayores posibilidades de acercamiento hay en otras reivindicaciones, como el dejar que los taxis colaboren con el transporte sanitario (algo que Pons trasladará a la Conselleria del ramo para saber si es viable), un mayor control sobre el número de coches de alquiler que cada verano llegan de la península; la prohibición de que las empresas de transporte discrecional puedan vender plazas sueltas para llenar sus autocares; o la retirada de unos 60 coches de alquiler con conductor cuya incorporación al mercado consideran fraudulenta.
Los taxistas pedirán además algunos cambios en las líneas que deben de enlazar Son Sant Joan con las zonas turísticas, y si sus asambleas lo autorizan, presentarán una propuesta global el próximo viernes al conseller. Hasta entonces, todo sigue en el aire.
Por otro lado, el grupo ecologista GOB comunicó ayer su apoyo al plan del Govern, mientras que la patronal PIMEM anunció su respaldo al colectivo del taxi.
