La Audiencia de Palma ha responsabilizado a todo el consejo de administración de la desaparecida caja de ahorros Sa Nostra y al de su filial inmobiliaria Invernostra de una inversión en Miami y Las Vegas que conllevó pérdidas de 34,2 millones de euros. El tribunal absuelve al exconsejero delegado de Invernostra Rafael Oliver Roca de tener que indemnizar con 34,2 millones de euros a Sa Nostra (hoy BMN) por una supuesta negligencia en aquella operación.

El tribunal tumbó ayer la sentencia del juzgado de lo mercantil 2 de Palma, que el pasado 30 de mayo estimó parcialmente una demanda de acción social de BMN contra Oliver. La entidad en su demanda inicial también pidió la condena del exnúmero uno de sa Nostra Pere Batle, pero el juzgado de lo mercantil le absolvió al entender que la reclamación contra él había prescrito. El banco se allanó frente a la exculpación de Batle.

Oliver, defendido por el Bufete Buades, apeló la sentencia ante la Audiencia, que ahora le ha dado la razón y ha responsabilizado de la operación a la cúpula de Sa Nostra en 2007, cuando se dio luz verde a la inversión de 50 millones de dólares en unas compañías norteamericanas que pensaban construir sobre varios solares de Miami y Las Vegas.

El proyecto se conoció como Brickell y conllevó pérdidas superiores a los 50 millones de dólares para la caja de ahorros, dado que los inmuebles no se construyeron y los promotores a los que se les había financiado con esa suma acabaron perdiendo los solares.

Ocultar información

La primera sentencia condenó al exconsejero delegado de Invernostra porque declaró probado que había ocultado al consejo de Sa Nostra información relevante sobre el riesgo de la operación e hizo que sus superiores aprobaran, entre agosto y septiembre del 2007, la inversión millonaria de manera automática.

Sa Nostra informó al Banco de España de que se enteró de información trascendental sobre la operación en 2011, años después de que el proyecto fuera aprobado y constituyera un sonoro fracaso.

La sala quinta constata la ausencia de prueba de que Oliver realizara acciones y omisiones que forzaran al consejo de Sa Nostra a aprobar el proyecto "mecánicamente". El tribunal va más allá y sostiene que los responsables de la caja deberían haber sido más diligentes y haber recabado más información o garantías sobre la inversión, "que no puede definirse como una operación de riesgo limitado".

Sa Nostra pensaba obtener, en unos años, 60 millones de dólares de beneficios con la operación, que, según los magistrados, entrañaba muchos riesgos y suponía comprometer la mitad del presupuesto de Invernostra. El fallo concluye que el Consejo fue el responsable de la nefasta inversión.