El Gobierno avisó ayer a las comunidades autónomas que no pueden convocar oposiciones docentes este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que establecerán la Oferta de Empleo Público. Esta advertencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy hace peligrar la intención del Govern del Pacto de ofertar 800 plazas para este año, con lo que tendría que conformarse con las más de 400 que ya están previstas.

Así lo indicaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, después de que varios representantes autonómicos hayan denunciado la imposibilidad de convocar estos exámenes. Según el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación trasladó a las comunidades autónomas en la Comisión general celebrada este martes 21 de febrero la negativa de Hacienda a celebrar oposiciones sin presupuestos.

La conselleria de Educación se prepara para organizar las primeras oposiciones tras seis años en blanco, en la comunidad con uno de los porcentajes de interinos más altos del país.

Si el Gobierno permite superar la tasa de reposición (medida adoptada por el Gobierno del PP la anterior legislatura que solo permitía cubrir las jubilaciones), como ya ha anunciado a las comunidades autónomas, y si los trámites se realizan y finalizan a tiempo, la conselleria que dirige Martí March aspira a poder duplicar la oferta de plazas de las oposiciones del próximo junio, ampliándolas de las 472 previstas inicialmente a 800. Esta intención de duplicar las plazas estaría supeditada ahora a que el Ejecutivo de Rajoy logre aprobar sus cuentas para este ejercicio.

Rehén de las negociaciones

Por su parte, el sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), exigió al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas de la oposición que demuestren "sentido de Estado" y acuerden "sin más dilación" la oferta de empleo público de 2017. Por ello, les pidió que "dejen de regatear" con el empleo en Educación.

"No puede ser rehén de las negociaciones políticas entre Gobierno y los grupos parlamentarios", señala esta organización, que sostiene que Ejecutivo y oposición, bien a través de la presentación de los presupuestos, bien a través de un acuerdo parlamentario, deben impulsar ya esta oferta "por respeto a los ciudadanos y por sentido de la responsabilidad para salvaguardar la calidad de nuestro sistema educativo".