La Abogacía de la Comunidad Autónoma está preparando el recurso contra la reclamación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella, que asciende a 43 millones de euros. Tanto la presidenta del Govern, Francina Armengol, como el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, se mostraron contundentes y explicaron que el Ejecutivo autonómico se niega a pagar al Gobierno central estos 43 millones de euros que Madrid exige ante la Audiencia Nacional.

Se trata de las dos plantas que el Ministerio construyó mediante una concesión de explotación que se adjudicó en 2003. No obstante, los retrasos en las obras, modificaciones y sobrecostes del proyecto y deficiencias, que provocaron que el Govern no quisiera hacerse cargo de ellas durante la legislatura del Govern Bauzá, provocaron que los adjudicatarios exigieran en 2015 que la administración les rescatara la concesión. Ahora el Ministerio pretende que sea el Govern quien pague los sobrecostes de 43 millones generados por las dos plantas que llevan una década terminadas y sin funcionar.

Los argumentos del recurso contra la reclamación ministerial, según detalló Vidal, son más que sólidos. "En primer lugar -explicó el conseller de Medio Ambiente-quien adjudicó estas desaladoras fue el Ministerio y el Govern solo se comprometió a comprar agua para suministrar. Después, el propio Ministerio decidió modificar el proyecto, que ha llevado a unos sobrecostes brutales, y lo hizo sin consultar al Govern. Cuando las empresas adjudicatarias pidieron que se les rescatara la concesión lo hicieron reclamando al Ministerio, que las rescató, no se dirigieron en ningún momento al Govern".

Se da la casualidad de que la ministra Isabel García Tejerina comunicó al Govern, mediante una llamada al conseller Vidal, que interponía el recurso ante la Audiencia Nacional por las desaladoras justo cuatro días después de que el aspirante a liderar el PP, Biel Company, visitara el Ministerio. Company, pese a que el Gobierno era de su mismo color político, se negó durante sus cuatro años de conseller de Medio Ambiente a asumir la gestión de estas polémicas desaladoras. El actual Ejecutivo, ante la fuerte sequía que sufrían las islas, llegó a un principio de acuerdo con Madrid por el cual ellos se hacían cargo de las conexiones y sus costes de las plantas con la red. El Gobierno central las cedía. En ese documento el Ministerio incluyó una cláusula donde se reservaba el derecho a reclamar y el Govern lo aceptó como una medida para dar contenido legal al acuerdo.

El conseller Vidal se lamentó de haber confiado en la ministra Tejerina, ya que esperaba la lealtad institucional del Ministerio para que no interpusiera el recurso tras llegar a un acuerdo para desbloquear el conflicto. "Es curioso cómo todos los pasos del Ministerio coinciden en momentos electorales", apostilló Vidal.