El proyecto de Ley de memoria histórica de Balears está pendiente de sus últimos retoques antes de presentar el texto definitivo, aunque sus aspectos más relevantes ya se encuentran cerrados. Entre otros aspectos, el texto contempla que el Govern se personará en los procesos judiciales que emprendan asociaciones y familiares de las víctimas de Balears en caso de desapariciones forzadas, consejos de guerra masivos y fusilamientosdesapariciones forzadasconsejos de guerra masivos y fusilamientos desde el golpe de Estado de 1936, la posterior guerra civil y la dictadura franquista. Asimismo, pondrá todos los medios a su alcance para lograr que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad. Además, elaborará un censo público sobre las víctimas de las islas, identificando el tipo de represión padecida y la fecha comprobada o aproximada.
En principio, el proyecto de Ley se denominará de Memoria Democrática de Balears y no de memoria histórica ya que de este modo se "acota mejor el objeto" de la iniciativa de "dar valor al legado democrático", según explicó la socialista Silvia Cano, coordinadora de la propuesta de Ley que presentarán conjuntamente los partidos del Pacto.
El período histórico que alcanzará será desde la II República a la entrada en vigor del Estatut d'Autonomia balear en 1983. La finalidad es establecer políticas en el ámbito balear que supongan la restitución, reconocimiento y rehabilitación de la memoria de las víctimas de la represión franquista y de quienes lucharon por el restablecimiento de la democracia. La Ley se estructurará en diferentes derechos: a la verdad, a la memoria, a la reparación y reconocimiento y a las garantías de no repetición.
Espacios simbólicos
Además del censo de víctimas, el Govern elaborará un listado de espacios e itinerarios con aquellos lugares e inmuebles que tengan un simbolismo o interés histórico del período que abarca la Ley, con el fin de identificarlos y darles una protección jurídica específica.
Además, el Ejecutivo creará una comisión técnica que elaborará en el plazo de diez meses, una vez que entre en vigor la Ley, un censo con todos los elementos contrarios a la memoria democrática. A partir de este censo, el Govern adoptará las medidas necesarias para la retirada o eliminación de aquellos elementos contrarios a la memoria democrática, incluyendo los que sean simbólicos, placas, enaltecimiento del franquismo en actos, homenajes, distinciones o reconocimientos que ensalcen el golpe de Estado de 1936 y el franquismo. Asimismo se anularán distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales a quienes participaron en el golpe de Estado o en la represión franquista.
Uno de los flecos que quedan es si se puede establecer que no hayan excepciones por razones artísticas a la hora de retirar o eliminar estos elementos, es decir, "si ha de prevalecer la memoria histórica o el patrimonio", según explicó Cano, quien precisó que están analizando si existe algún procedimiento para que prevalezca la memoria democrática. En este sentido, recordó que Andalucía "tiene un aviso de posible inconstitucionalidad" que se quiere evitar en Balears.
En el caso de Sa Feixina, pendiente de lo que decida la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca, no le afectaría la ley de Memoria Democrática, ya que "depende de la actual legislación", según explicó Cano.
La aplicación de la nueva ley implicará la elaboración de un plan estratégico en el que se priorizarán las líneas de actuación.
