La Sección Primera de la Audiencia de Balears ha hecho pública la sentencia del caso Noos, después de ocho meses de concluido el juicio, y eso, el plazo que las tres magistradas, Samantha Romero, Rocío Martin y Eleonor Moyá, han necesitado para estudiar, deliberar y sentenciar, aparentemente largo, no debe ser motivo de crítica sino de reconocimiento al sentido de responsabilidad de las tres juezas, ante un caso, difícil, mediático y espinoso, entre otras razones, por la notoriedad de alguna de las personas encausadas, concretamente se ha juzgado a la hija del Rey.
En artículos anteriores, durante los muchos años que se ha hecho durar el proceso de instrucción, - cerca de ocho años-, he defendido la inocencia de la Infanta Cristina, entre otras razones porque la conozco y creo que nunca hizo nada por lo que ha sido acusada. También lo han creído el fiscal Horrach y Dolores Ripoll, de la Abogacía del Estado. Tanto uno como otro han defendido a Cristina cuando lo más cómodo y sin duda popular hubiese sido acusar. Se han expuesto a las críticas de los medios de comunicación y de gran parte de la ciudadanía. Su sentido de la justicia y del trabajo bien hecho les impidió ir por el camino fácil de la inculpación.
La justicia debe de ser igual para todos, todos somos iguales ante la ley, pero en el caso de la Infanta no ha sido así, ser hija del Rey le ha supuesto sufrir más descrédito y más coerción que a cualquier otra persona. ¿Alguien puede pensar seriamente que a algún otro ciudadano habría sufrido el calvario de estar sometido a un desmesurado proceso de instrucción, sin pruebas y sin acusación de la Fiscalía? Manos Limpias cuya actuación en este caso y, parece ser que en otros, ha respondido a intereses inconfesables, ha ejercido como acusación popular, pero su honestidad y fiabilidad en esta acusación está cuestionada y en otros casos sometida ya a la acción de los tribunales. La presunción de inocencia se ha truncado en este caso en presunción de culpabilidad. Mucha gente y, algunos medios de comunicación, se han erigido en instructores, jueces y verdugos de Cristina hasta llegar a su auténtico linchamiento.
La instrucción, seguida por el juez Castro, - que le ha permitido convertirse en "juez estrella"-, al no tener hechos sobre la que sostenerse, se convirtió en una búsqueda general, por si se encentraba "algo", algo que permitiera incriminar. Esto se llama "Inquisitio Generalis" y no esta ajustado a Derecho. La Abogacía del Estado dijo reiteradamente que la Infanta nada debía al Erario Público (y Hacienda nada suele perdonar). Pero el juez decía que sí, que hay que devolver, ¿devolver qué?.Esto es igual que si un hipotético acreedor dice que a él nada se le adeuda y el juez dice que sí se le debe. Y así, en este contexto, se obligó a Cristina a "bajar la rampa", nuestra particular Bastilla y someterse a un interrogatorio exhaustivo y agotador. Querido lector, si estaba a favor de este proceso, de castigar a Cristina, piénseselo bien, esto también le podría pasar a Ud, no olvide que estamos en un país cainita en el que alguna gente se lo pasa bien con el sufrimiento ajeno.
La afiliación del juez Yllanes, -que iba a presidir el Tribunal-, a Podemos, partido político de izquierda radical y populista y la afinidad del juez Castro con este partido, fue tentado también a presentarse a las elecciones por este mismo partido, partido que propugna la República, creó malestar en la magistratura e hizo que el fiscal Superior de Balearss dijese en unas declaraciones a la prensa, que no era bueno que los jueces pudiesen generar "sombras de duda" exteriorizando sus preferencias políticas. Un juez debe encarnar la probidad, la equidad y la imparcialidad, por la simple razón de que tiene un extraordinario poder sobre bienes y personas. En cuestiones civiles y mercantiles decide lo que corresponde a una parte o a otra y en cuestiones penales puede privar de libertad a una persona y un tribunal puede condenar a prisión a un ciudadano. Todo esto es muy serio y si una decisión de esta gravedad pudiese estar viciada por resentimientos, filias o, fobias políticas, el sistema judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho se derrumbaría.
En asuntos relacionados con la justicia la ley no ocupa el primer lugar, sino que corresponde al juez que es quien la interpreta y la aplica, pues la ley, está elaborada sobre una textura, una urdimbre abierta.
Herbrt Lionnel Adolphus Hart, el más importante filosofo del derecho de S.XX, catedrático de jurisprudencia en la Universidad de Oxford, (1.932) sostenía una teoría sobre la open texture de las leyes y en esta trama abierta de la ley es donde radica la importancia de la ecuanimidad del juez. En el poder extraordinario de quien aplica la ley nace la necesidad de que los jueces sean independientes, mesurados e imparciales y si no fuese así el imperio de la ley se desvanecería.
Este proceso en el que se ha involucrado a la Infanta Cristina ha supuesto, a ella, una complicada situación personal durante demasiados años, un perjuicio a su familia y un daño la Institución Monárquica . Llegado este momento cabe preguntarse ¿quién repara el daño causado?
