El 29 de diciembre de 2011 el juez José Castro imputaba al yerno de don Juan Carlos y la subpieza abierta en la causa del Palma Arena para el caso Nóos pasaba a conocerse como caso Urdangarin. En esos momentos, la atención pública pasaba a otro nivel y todos los ojos se posaban en la hija del Rey, Cristina de Borbón. A partir de ese momento, a la presión lógica ante un caso que afectaba a la hija del jefe del Estado se fueron sumaron complicaciones añadidas a una investigación que, de por sí, había contado con todos los elementos propios de un thriller judicialthriller, incluidos registros por sorpresa. El más llamativo, el del 8 de noviembre, dirigido por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de las oficinas en Barcelona de sociedades vinculadas a Nóos, entre ellas la inmobiliaria Aizoon.
La complejidad de los operativos necesarios para las declaraciones de miembros de la familia real, tanto por cuestiones de seguridad como por el interés mediático, quedó clara con la primera declaración de Urdangarin como imputado. En febrero de 2012 el duque de Palma bajaba la rampa de los juzgados de Vía Alemania a pie, rodeado de una gran expectación mediática. Exculpó a su esposa ante el juez Castro, que por el momento no la imputó.
Las cosas cambiaron para Cristina de Borbón un año más tarde. Tras la imputación en enero de 2013 del secretario de las infantas, Carlos García Revenga (posteriormente desimputado), y las declaraciones de Diego Torres (exvicepresidente de Instituto Nóos) y del conde de Fontao y asesor de la Casa Real, José Manuel Romero, el juez imputaba a la hija del Rey a principios de abril de ese año. Sentar en el banquillo a la Infanta no fue, sin embargo, fácil. La Audiencia Provincial levantó la imputación y Horrach y la Abogacía del Estado se opusieron a la misma.
Expectación en Vía Alemania
Casi un año después, el 7 de enero de 2014, el juez Castro imputó de nuevo a la Infanta, quien esta vez no puedo ya evitar su declaración. Si la presencia de Urdangarin en los juzgados de Vía Alemania levantó una gran expectación, la de Cristina de Borbón el 8 de febrero de 2014 obligó a multiplicar el operativo. Las órdenes de Castro de que en la sala donde declaraba la Infanta no hubiera dispositivos que pudieran fotografiar o grabarla fueron desobedecidas. El Mundo publicaba al día siguiente una fotografía de la declaración de la Infanta y el portal Wouzee subía fragmentos de la misma. El juez Manuel Penalva imputó a los abogados Francisco José Carvajal y María del Carmen Jiménez por un presunto delito de desobediencia a la Justicia y revelación de secretos.
La instrucción siguió adelante y quedó claro que el matrimonio Urdangarin se sentaría en el banquillo de los acusados. Al frente del tribunal que juzgaría a los acusados a partir del 11 de enero de 2016 se encontraría Juan Pedro Yllanes. Sólo dos meses antes, a mediados de noviembre de 2015, llegó la sorpresa: Yllanes fichó por Podemos para encabezar su candidatura electoral al Congreso de los Diputados, un puesto que había rechazado antes el juez Castro. La ponente encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero, ocuparía su puesto. Romero (Palma, 1972) procedía de la Audiencia de Tarragona y había tomado posesión como magistrada de la Audiencia Provincial de Balears tan solo poco más de medio año antes, el 30 de abril.
El 11 de enero del pasado año comenzaba el macrojuicio, que duraría más de cinco meses, hasta que el 22 de junio quedó visto para sentencia. Se celebró fuera de la sede de la Audiencia por evidentes cuestiones logísticas. Para ello se eligieron las dependencias de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), en el Polígono de Son Rossinyol. Más de 600 periodistas acreditados de 90 medios de todo el mundo dejaban claro el interés mediático. Fue preciso acondicionar la sala de prensa con proyectores y 120 pupitres para periodistas, a la vez que se organizaba un importante dispositivo de seguridad con más de 200 agentes de la Policía Nacional.
Grabación de Bernard
El desarrollo del juicio aún sufrió algunos sobresaltos. Así, en abril se detenía a Miguel Bernard, líder de Manos Limpias, en el marco de la Operación Nelson en la que también fue arrestado Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por chantajear a bancos y cajas. En una grabación, Bernard afirmaba que don Juan Carlos le ofreció más de dos millones de euros si retiraba la acusación contra la Infanta, que sólo ejercía Manos Limpias. Entonces se dio por hecho que Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias en Nóos, sería imputada por el caso Ausbanc. Quedaba en el aire la posibilidad de que el pseudosindicato se retirara del caso Nóos. No fue así y López Negrete no fue imputada hasta septiembre. En el caso Nóos sólo Manos Limpias ejerce la acción popular, después de que el Frente Cívico Somos Mayoría, impulsado por Julio Anguita, quedara fuera al rechazar la unificación de su representación legal junto al pseudosindicato.
Acabado el juicio, la jueza Romero se concentró en preparar la sentencia, sin que tuviera consecuencias el que a finales de septiembre se supiera que salía desde hacía meses con Francesc Cardona, amigo íntimo de Diego Torres, uno de los principales acusados del caso.
