18 de febrero de 2017
18.02.2017

Una década para destapar los negocios de Nóos

El empeño el juez Castro y el fiscal Horrach reveló la trama económica de Urdangarin y terminó con la infanta Cristina sentada en el banquillo

18.02.2017 | 02:46
La magistrada Samantha Romero, ponente de la sentencia del caso Nóos, ayer a su salida de la Audiencia.

Las cifras

  • 7 años: Desde que empezó la instrucción hasta la sentencia. El caso Nóos ha tardado siete años desde que se inició la investigación hasta que los acusados van a conocer la sentencia de la Audiencia.
  • 76.000: La causa tiene 76.000 folios agrupados en tomos. La voluminosa causa de Nóos tiene  76.000 folios repartidos en un total de 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón.
  • 6.200.000: Más de 6 millones de euros de dinero público gastado. Se investigaba el desvío presuntamente ilegal de 6,2 millones de euros de los gobiernos balear y valenciano hacia el Instituto Nóos.
  • 66 min: La infanta declaró durante más de una hora en el juicio. La declaración de la Infanta Cristina en el juicio se prolongó durante 66 minutos. Ante el juez Castro estuvo más de cinco horas.
  • 61 días: El juicio duró 61 sesiones del 11 de enero al 22 de junio. El juicio del caso Nóos empezó el 11 de enero y quedó visto para sentencia el 22 de junio. Un total de 61 sesiones de vista oral.
  • 587.413 €: La Infanta abonó la responsabilidad civil solicitada. La Infanta abonó durante el proceso los 587.413 euros que solicitó el Ministerio público en concepto de responsable civil del fraude fiscal.
  • 500  medios: La expectación mediática ha sido inédita para Balears. Nóos ha suscitado una atención mediática inédita. Más de 500 periodistas nacionales e internacionales se han desplazado a Balears.
  • 4 fiscales: El fiscal Horrach y otros tres compañeros han intervenido. El fiscal Horrach ha llevado todo el peso de proceso, acompañado en algún momento por Ana Lamas, Juan Carrau y Miguel Angel Subirán.
  • 200  policías: Dos centenares de policías en el juicio para garantizar la seguridad. El juicio del caso Nóos se celebró en un polígono, con dos centenares de policías garantizando la seguridad de la vista oral.

El caso Nóos y sus consecuencias. El llamado caso Nóos, descubierto en Mallorca, ha supuesto un antes y un después para la monarquía, que ha sufrido las consecuencias a raíz del escándalo que han protagonizado la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, por sus negocios particulares.

Quién iba a pensar que la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin iban a terminar algún día sentados en el banquillo, como consecuencia de una investigación sobre la construcción de un velódromo en Mallorca. El caso Nóos forma parte de la historia de España por las consecuencias negativas que ha tenido para la monarquía.

La investigación judicial del caso ha estado pagada de idas y venidas, de caminos retorcidos, de frenazos y aceleraciones. En algunos momentos parecía que estaba a punto de descarrilar, aunque algún volantazo en el último suspiro la retornaba a su ruta.

Todo empezó en un lejano 2004, cuando Iñaki Urdangarin entra a trabajar en el Instituto Nóos, una sociedad sin aparente ánimo de lucro, en la que también participa Diego Torres, un profesor de la escuela de negocios ESADE. Urdangarin, un plebeyo para los usos de hace apenas unas décadas, llevaba siete años casado con la hija de un rey, Cristina de Borbón. Un año después, la institución benéfica comenzó a sumar cuantiosos ingresos gracias a convenciones de dudosa utilidad pagadas con dinero público de comunidades autónomas como Balears y Valencia.

En 2006, el diputado socialista Antonio Diéguez dio la primera alerta pública sobre los cuantiosos gastos que conllevaba la organización de los foros de Nóos. Un caso inédito en un partido parlamentario, que rompía el muro de silencio en torno a las actividades de los aledaños de la Familia Real.

Hubo que esperar cuatro años para que el 22 de julio de 2010, el juez José Castro, que investigaba el sobrecoste en la construcción del velódromo del Palma Arena, abriera una pieza separada sobre las actividades de Nóos. El primer zig-zag del caso: de las pesquisas sobre una instalación deportiva nacida de la megalomanía de Jaume Matas a la apertura de un caso con nombres habituales de la revista Hola.
Comienza una partida de ping-pong que se disputa entre el juzgado de Castro y la Audiencia Provincial, entre el fiscal y el juez y entre los propios imputados.

Primera partida. El 11 de julio de 2010 el juez interroga a Diego Torres, socio de Urdangarin en Nóos. Cuatro meses después, la Policía y el fiscal Horrach registran la sede del instituto en Barcelona y recopilan numerosa documentación. El siguiente golpe se da cuando el año se acerca a las últimas campanadas. El 29 de diciembre el instructor imputa al yerno del Rey y le cita a declarar.

Los días 25 y 26 de febrero de 2011, Urdangarin declara durante más de veinte horas. Todo ha sido preparado desde el Estado y la defensa. Se esgrimen razones de seguridad para lograr que el juez decano permita que el acusado no descienda la rampa y que su coche llegue hasta la puerta trasera del edificio de Via Alemanya. Los manifestantes no tienen oportunidad ni siquiera de verle. Sin embargo, a la hora de la verdad, el coche se detiene en lo alto de la cuesta, el protagonista desciende lentamente como si se tratara de una pasarela y pronuncia una medida declaración con la que consigue acaparar telediarios. El primer golpe mediático es suyo.

Dentro de la sala de interrogatorios repite una y otra vez lo mismo: proclama su inocencia, exime a su esposa de cualquier responsabilidad y apunta hacia su socio, Diego Torres, como ideólogo del entramado. Están enemistados desde hace años por el reparto del botín. Un golpe bajo.

Torres no se tambalea y, ante lo que considera juego sucio por parte de Urdangarin, le paga con la misma moneda. El 17 de abril, los medios de comunicación comienzan a recibir decenas de correos electrónicos para minar la defensa, el prestigio y hasta el honor de su antaño compañero y hoy enemigo irreconciliable. En la dinámica de filtraciones todo vale. Desde aquellos correos con los que se salpica a Juan Carlos I y a su hija menor, hasta los que derriban el prestigio de chico bien educado que ha cultivado Urdangarin. El más célebre de todos es el que firma como "duque em... palma... do".

En plena escalada de zancadillas, Torres implica al secretario de las infantas Elena y Cristina en la trama. Sostiene que en Nóos no se daba un paso sin la venia de Carlos García Revenga. Dos años después, el 22 de julio de 2014, prosigue la escalada. Una nueva tanda de comunicaciones del instituto intenta implicar al nuevo monarca, Felipe VI, que asciende al trono después de la abdicación de su padre.
Apuntar alto para salvar sus propias responsabilidades es una estrategia que Torres mantiene hasta el final. Durante su declaración los días 23, 24 y 25 de febrero del año pasado sostiene ante el tribunal que todos los negocios de Nóos fueron supervisados por la Casa Real y Hacienda. En consecuencia, en su opinión, no cabía posibilidad alguna de delinquir.

Segunda partida. Entre el juzgado de instrucción número 3 a la Audiencia Provincial. La armonía entre el juez Castro y el fiscal Horrach se rompió en cuanto la infanta Cristina se interpuso entre ellos. La consecuencia fue un trasiego de autos y recursos entre Via Alemanya, sede de los juzgados de instrucción, y Can Berga.

Castro se negó el 22 de marzo de 2012 a imputar a Cristina, como pretendía Manos Limpias. Horrach secundó esta posición el 14 de agosto y tres meses después, al reclamar una fianza civil de 8,2 millones de euros, limitó la responsabilidad a Urdangarin y Torres, a los que el 21 de enero de 2013 acusó de delinquir contra el fisco.

Sin embargo, un mes después, y tras una segunda declaración del aún duque de Palma, el juez cambia de opinión. El 3 de abril imputa a la Infanta, el fiscal recurre y comienza el trasiego entre las dos instancias judiciales. Un mes después la Audiencia estima en parte el recurso, pero sugiere una nueva línea de investigación: la del delito fiscal de la hija del monarca.

Castro retoma los papeles. Hacienda se alinea con el fiscal en su exculpación de Cristina de Borbón. Nadie convence al juez, quien el 7 de enero de 2014 anuncia que vuelve a imputar a la Infanta, esta vez por delito fiscal. El 8 de febrero se produce un acontecimiento histórico, si la palabra no estuviera excesivamente manoseada: una heredera al trono de España, aunque sea la sexta en el orden sucesorio, se sienta ante un juez acusada de delinquir.

El 25 de junio, el magistrado mantiene la imputación y los recursos de las partes devuelven el caso a la Audiencia. El 7 de noviembre se pronuncia a favor del instructor. Ya es definitivo: la Infanta se sentará en el banquillo de los acusados el día que comience el juicio.
Con las manos libres en el terreno procesal, sin el apoyo de Anticorrupción y con el respaldo del dudoso sindicato Manos Limpias como única acusación contra Cristina de Borbón, el 22 de diciembre de 2014, el juez ordena la apertura de juicio oral contra 18 acusados. Este encuentro a tres bandas lo gana Castro.

Tercera partida. Matas contra sus antiguos subordinados. Un hoy lejano 10 de enero de 2012, Pepote Ballester, amigo del matrimonio Urdangarin Borbón, medallista olímpico y director general de Deportes con Jaume Matas, declara que el expresident ordenó que se contratara al Instituto Nóos, el cómo no importaba. Lo hizo tras una partida entre el político y el yernísimo en un escenario excepcional: el palacio de Marivent. Con este testimonio, Matas tenía garantizado un asiento en el banquillo de los acusados. Ballester no fue el único de sus colaboradores directos que renegaron de él.

El exministro de Aznar, ducho en las artes del pádel, no pudo devolver la pelota. Optó por el pacto con la Fiscalía, aunque cuando el 11 de febrero del año pasado declaró ante el tribunal no quedó claro cuál era su nivel de arrepentimiento. Su derrota parecía evidente desde que se dieron los primeros pasos de la investigación.

Otras partidas. La de la trama valenciana. Castro y Horrach siempre creyeron que los jueces valencianos debían dirimir los posibles delitos que concernían a los foros celebrados en aquella comunidad. El fiscal se lo propuso el 2 de septiembre de 2013 al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Pero en aquella época los magistrados del Levante peninsular no estuvieron por la labor.

Ahora condenan a la trama regional de Gürtel, pero entonces prefirieron apartar de sí aquel cáliz que acabó en manos de los jueces y fiscales de Balears. Resulta difícil dirimir quién ganó esta partida ¿Balears por incomparecencia o Valencia porque se quitó un problema de encima?

La partida continúa. El 22 de junio de 2016 concluyó la vista oral. Ayer se dictó sentencia. Pero el juego continúa. El Supremo resolverá definitivamente buena parte de los asuntos dirimidos en cada juego.

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