La Inspección de Trabajo y la Policía Nacional han desmantelado en Mallorca una organización criminal que se dedicaba a explotar trabajadores para hacerse con grandes obras de reforma en hoteles, edificios residenciales e incluso colegios. Ofrecían para ello precios fuera de mercado, a los que llegaban gracias a lo que ahorraban en cuotas defraudadas a la Seguridad Social y a lo que dejaban de pagar a trabajadores sin contrato o con salarios por debajo de lo que marcan la ley, con un modus operandi descrito en exclusiva por Diario de Mallorca Diario de Mallorca en varios artículos de los últimos meses.
La operación se ha saldado con la detención de doce personas, entre las que hay cinco empresarios y dos gestores administrativos de una importante firma especializada de Palma. A todos ellos se les investiga por falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Seguridad Social. Según detallan desde la Policía, la red podría haber estafado en cotizaciones más de dos millones de euros, toda vez que solo en las empresas hasta ahora investigadas los impagos al sistema público de pensiones y prestaciones ascienden a 666.102 euros.
La investigación se inició después de que los inspectores de Trabajo analizasen los indicios de fraude que se habían denunciado en algunas de estas obras. Tras lograr la regularización de parte de los trabajadores afectados por la explotación, los inspectores de trabajo dejaron la investigación en manos de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación. Ellos siguieron la pista de las empresas implicadas, organizadas en torno a una trama que cometía dos tipos de fraude. Por una parte, vendían "a cambio de una importante cuantía económica" contratos falsos de trabajo, utilizados luego para que los compradores consiguiesen de forma fraudulenta prestaciones públicas o lograsen permisos de residencia en España.
Según el relato de los investigadores, el otro modus operandi para defraudar era estrictamente laboral. Para ello armaron una cadena de explotación cuyo primer eslabón era una empresa principal libre de deudas con la Seguridad Social, la fachada utilizada para seducir a los contratistas y pujar por los proyectos de obra con precios inusualmente bajos. Esta compañía limpia luego recurría a "cuatro empresas con testaferros" y con trabajadores en situación irregular, que eran las que realmente hacían esos trabajos a precio de coste o con presupuestos mucho más bajos que el resto de empresas del mercado.
¿Cómo podían ganar dinero con esas ofertas? Pues según explicó en varios artículos Diario de Mallorca y tal como constata ahora la Policía Nacional, la trama eludía "sistemáticamente" el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, a los que también pagaban salarios por debajo de lo exigido por el convenio colectivo de la construcción. "Cuando una de las empresas [testaferro] llegaba a ser inoperante por las deudas contraídas, la misma era quebrada y se creaban otras nuevas que continuaban con el proceso", explican en fuentes de la Policía Nacional, que destacan que las maniobras de esta mafia, además de perjudicar a los trabajadores y a la Seguridad Social, generaban una situación de "competencia desleal" con otras empresas del sector.
De hecho, la propia patronal del sector ha denunciado en los últimos meses en Diario de Mallorca la actividad ilegal de compañías que se estaban haciendo con contratos de reforma de hoteles, centros comerciales y grandes obras públicas. El propio presidente de la asociación balear de constructores, Eduardo López, alertaba de que las irregularidades de estas empresas pirata ponían en peligro tanto a las compañías legales de Mallorca como a los miles de trabajadores que de ellas dependen.
