"Lo que propone el Govern no es una regulación del alquiler turístico, es una prohibición encubierta". Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) alzaba ayer la voz con más contundencia que nadie para atacar punto por punto la reforma con la que el Govern balear pretende frenar el avance imparable y descontrolado del negocio turístico de moda, el alquiler vacacional. Zubicaray se desplazó a Mallorca para sumarse en el Parc Bit a un foro de debate sobre el futuro del negocio "que más rápido crece en el turismo actual", enfatizaba el propio presidente sectorial, que tras reunirse con la directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, aseguraba que le había manifestado la oposición de su colectivo a la propuesta de marco normativo balear. Y añadía una advertencia igualmente contundente: "Si la normativa se aprueba como está en el borrador, sin duda que la llevaremos ante los tribunales españoles y los organismos europeos".

El análisis de Zubicaray encuentra el respaldo de la patronal de la pequeña y la mediana empresa o de la asociacion balear que agrupa al alquiler turístico, Aptur, que arremeten igualmente contra una normativa que, dicen, mantendrá el negocio en la ilegalidad. "No se está buscando una solución al problema, sino mantener la prohibición actual, pero vendiéndole a la gente que ya has regulado. ¿Qué sentido tiene una normativa que nadie puede cumplir? Es un disparate. Lo único que conseguirán es que se continúe en la ilegalidad, porque un número ínfimo de apartamentos, menos de un 1%, podrían cumplir lo que se pide, mientras más del 99% del alquiler turístico será condenado a seguir en la ilegalidad con la nueva normativa turística", resumía el líder nacional del arrendamiento vacacional, dueño además de un plataforma dedicada a la comercialización online de alquileres turísticos.

Zubicaray afinaba su andanada para cargar de forma más concreta contra ideas como que las comunidades de vecinos deban autorizar el alquiler en cada edificio, o que solo puedan acceder al negocio turístico las viviendas con más de diez años, por citar dos de los puntos más polémicos del proyecto de reforma del arrendamiento vacacional que trata de sacar adelante el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més). "Están invadiendo otras normativas, como la Ley de Propiedad Horizontal, que especifica que para prohibir una actividad en un edificio hay unos estatutos. De ahí a pedir que la comunidad dé permiso, como pretende el Govern, hay mucha diferencia. Ya se ha intentado en otras normativas y lo han acabado quitando. Se lo hecho ver a la directora [de Turismo de Balears] y ella también tiene sus dudas en ese punto de la normativa", abunda Zubicaray, que recalca que son sensibles a cuestiones como la saturación de algunos destinos de la isla.

En ese sentido, defiende "la potestad de los municipios de regular y zonificar el alquiler turístico, con la visión que tienen de la situación de cada zona de la isla". "Si por lo que fuere se da una masificación o gentrificación en un área concreta, entemos que se limite allí la actividad, y quizá abrir en otras zonas sin problemas, que descentralizarían la actividad turística", proponen en la federación de arrendamientos vacacionales. "Si lo que queremos es que vengan menos turistas, cosa que yo no defiendo, habrá que planificar menos vuelos u otras políticas, pero los turistas van a seguir demandado este tipo de alojamiento. Esa demanda no desaparece prohibiendo".