El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, defendió ayer adaptar el precio de los alquileres del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) a la capacidad económica de los inquilinos, como medida para luchar contra la morosidad.

Así informó Pons durante una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament, donde explicó que la Conselleria trabaja en líneas estratégicas por las que se propondrían ésta y otras medidas a los adjudicatarios que deban hasta tres meses de alquiler; a partir de cuatro meses, se instaría al arrendatario a liquidar la deuda o concertar en un plazo de diez días una cita con su trabajador social para atender el caso de forma individualizada.

Pons compareció por voluntad propia para exponer las medidas que el Govern baraja para afrontar el problema de morosidad en el Ibavi, en el que más de 800 adjudicatarios (un 53%) se encuentran en situación de morosidad.

13.300 recibos impagados

De hecho, el Ibavi tiene 13.300 recibos pendientes de pago y la deuda acumulada supera los tres millones de euros. 231 adjudicatarios (cerca de un 17% del total del parque) tienen más de 20 recibos pendientes, según el conseller.

Como medidas para solucionar el problema de la morosidad, Pons propuso crear una figura de carencia (la renta en periodo de carencia no generaría intereses), la adecuación del alquiler a la capacidad económica de los inquilinos (en base a los ingresos de la unidad de convivencia y el número de miembros), acuerdos de pago y fraccionamiento de la deuda o plantear un cambio de vivienda.