La Abogacía y la Dirección General de Consumo están analizando la sentencia de la semana pasada, contra la que cabe recurso. "No sabemos aún si recurriremos. La sentencia es una respuesta a un decreto del Govern Bauzá, que venía a ser un parche en un asunto con muchos intereses en conflicto, sobre todo por parte de la patronal de las gasolineras, que se está moviendo en todo el Estado. En esta comunidad se entendió que una gasolinera low cost, sin personal, podría perjudicar al consumidor", explica Francesc Dalmau. El director general de Consumo Francina Armengol (PSOE), dice además ser consciente de que Balears sufre los precios de gasolina más caros, pero defiende, como Bauzá (PP), que haya trabajadores. "Defendemos que los consumidores puedan elegir, haya más competencia y el precio baje, pero hay que garantizar con personal la seguridad en las instalaciones y la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, que lo han pedido. Anteponemos eso al precio".