Cinco años de prisión es la condena que los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Laura Pellón, consideran que debe cumplir Jaume Matas por los pagos irregulares de la campaña electoral del año 2007, en la que se presentaba como candidato. La fiscalía imputa a Matas un rosario de delitos, como prevaricación, falsedad, fraude y malversación. Los mismos delitos y la misma pena de cárcel se solicita contra el que fuera secretario del PP de Baleares y conseller de Interior, José María Rodríguez, que también será juzgado por el denominado caso Over. Los otros dos encausados a los que la fiscalía también acusa son María Luisa de Miguel, exsecretaria general técnica de la conselleria de Interior y que fuera esposa de Javier Rodrigo de Santos, y Daniel Mercado, dueño de la agencia de publicidad Over, que diseñó las campañas electorales del PP, en las que Matas encabezaba la lista de candidatos.
Para situar los hechos, los fiscales realizan un detallado relato del sistema ilegal que desarrolló el PP de Balears para financiar con dinero negro una parte de la campaña electoral. Y una de las principales pruebas que aporta es la sentencia por la que se condenó a Fernando Areal, cuñado y exgerente del PP, que confesó los pagos en la campaña electoral en dinero opaco al fisco.
Los fiscales destacan que Matas, no solo era el candidato del PP, sino que destacaba por mantener un severo control sobre todas las decisiones económicas que se adoptaban en su partido y en las conselleries del Govern que presidía. Y por ello, aunque las órdenes sobre las cuestiones económicas las comunicaba Areal, las decisiones las adoptaban Matas y José María Rodríguez. El primero decidía y el segundo supervisaba, mientras que el gerente pagaba las facturas. La campaña 2003 dejó una deuda para el PP de 80.000 euros, que no se habían abonado a la empresa Over. Para cobrar el dinero pendiente, el publicista Mercado (que ha reconocido todas las irregularidades que cometió) se entrevistó con Matas y le pidió autorización para abrir una delegación de su empresa en Mallorca. Así podría desarrollar programas de publicidad institucional en las conselleries del Govern de Matas. Al president le entusiasmó la idea. Les proporcionó proyectos públicos, a través de contratos menores, con los que el PP podría saldar la deuda pendiente de la campaña electoral.
Siguiendo con el plan planificado por Matas, el primer contrato que firmó Over fue con la conselleria de Interior, dirigida por José María Rodríguez. Se aprobaron dos contratos menores, por un precio de 20.880 euros (IVA incluido), para desarrollar una campaña para promocionar la oferta pública y para mejorar la imagen de la policía turística de Balears. Los dos proyectos se cobraron, pero ninguno se realizó. La entonces secretaria general técnica, que conocía el amaño, ordenó los pagos de las facturas, que inicialmente habían sido paralizadas por los funcionarios.
Otros pagos anteriores
El escrito de acusación relata unos hechos, que no se han podido perseguir al estar prescritos, pero que demuestran que no era la primera vez que el PP pagaba dinero en negro para financiar la campaña electoral. Así, se detalla que el publicista Mercado recibió 72.000 euros en dinero opaco y una parte de los pagos la entregó el propio Rodríguez.
Anticorrupción asegura que el PP tuvo que falsificar los datos que facilitó al Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar los gastos electorales, para ocultar estos pagos en negro. Para justificar estas maniobras, Over facturaba gastos de las campañas, no al PP, sino a varias empresas hoteleras, con las que no había tenido ninguna relación.
En cuanto a los perjuicios económicos ocasionados a las arcas públicas, la fiscalía los calcula en 18.000 euros. Esta cantidad corresponde a las facturas, sin IVA, que cobró la empresa Over por los dos proyectos que no realizó para la conselleria que dirigía José María Rodríguez. Anticorrupción considera que el beneficiario directo de estos dos contratos falsos fue el PP y por tanto quiere que el partido político devuelva estos 18.000 euros a la comunidad autónoma por tratarse de dinero público.
Aunque Matas tiene una amplia experiencia judicial por los numerosos procesos que ha afrontado, no ocurre lo mismo con Rodríguez. En el juicio del caso Over será la primera vez que se siente en el banquillo.
