-¿Qué papel tienen los abogados en las reclamaciones por las cláusulas suelo?
-Los abogados tienen un papel esencial en todas las reclamaciones. Es fundamental que los afectados se asesoren con un abogado de su confianza para garantizar la mejor defensa de sus legítimos derechos. Los Colegios de Abogados, además, ponen a disposición de los ciudadanos los Servicios de Orientación Jurídica entre cuyas funciones están las de informar sobre la viabilidad de las reclamaciones y el beneficio del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Han sido abogadas y abogados quienes han promovido -y continuarán haciéndolo- ante las diferentes instancias judiciales acciones en defensa de los derechos de los consumidores. Por eso, aunque el CGAE considera positivo que se hayan establecido medidas extrajudiciales para canalizar las reclamaciones, porque permiten agilizar los trámites, es absolutamente recomendable que los afectados tengan asesoramiento de un abogado.
-¿Usted siempre hace llamamientos a los políticos en favor de un Pacto por la Justicia. ¿En qué consistiría ese acuerdo?
-La Abogacía en efecto está liderando la demanda de ese pacto que aborde de forma definitiva una reforma profunda, estable y duradera que ofrezca soluciones a los problemas de la Justicia, de los ciudadanos y de la sociedad. Y hay una ventaja añadida: todos los profesionales de la Justicia estamos de acuerdo en el diagnóstico. Desde mi toma de posesión, nos propusimos trabajar para conseguir ese pacto tan necesario y que llevamos décadas esperando. A finales de 2016 enviamos nuestra propuesta, articulada en 34 puntos, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, así como sindicatos y consumidores. Hacemos propuestas concretas de reforma en diferentes ámbitos.
-¿Cuáles son los puntos fundamentales de la Ley del Derecho de Defensa que quiere impulsar la Abogacía Española?
-Nuestra obligación es contribuir a la seguridad jurídica en nuestro país y, para ello, debemos comenzar por garantizar el derecho de defensa. El Consejo lleva tiempo exigiendo una Ley del Derecho de Defensa que garantice la libertad y la independencia de los abogados. Ya enviamos un borrador al Gobierno y volveremos a insistir en esta legislatura. Con esta Ley, se pondría fin a actuaciones que violan el derecho de defensa, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones abogado-cliente; se asegurarían los derechos de los ciudadanos y la efectiva realización del principio de contradicción en igualdad de armas entre las partes, para evitar desequilibrios o limitaciones que puedan conducir a indefensión.
“La Justicia no puede quedarse atrás en las nuevas tecnologías y debe modernizarse”
-¿Cómo influyen en el trabajo diario de los abogados los continuos problemas de Lexnet y los colapsos informáticos de los juzgados en algunos territorios como Balears y Murcia?
-La necesaria modernización de la Justicia pasa por la implantación de sistemas tecnológicos avanzados y eficientes que agilicen su funcionamiento y eviten molestias al ciudadano. La Abogacía apostó siempre por el uso de la tecnología y dio un impulso definitivo a la plataforma Lexnet. Es verdad que ha habido disfunciones y problemas, como en todo sistema complejo que arranca su funcionamiento. Pero el mundo de la Justicia no puede quedarse atrás en el uso de la tecnología. Lo que hay que hacer es mejorar su funcionamiento, con las necesarias inversiones en formación, y homogeneizar sistemas entre las distintas comunidades. Si se ha podido hacer con éxito con Hacienda o la Seguridad Social, la Justicia no puede ser una excepción.
-¿Cuál es la situación actual de la profesión en España?
-La Abogacía, evidentemente, padece los mismos problemas que afectan a la sociedad. Es una profesión sometida a una durísima competencia: Somos más de 150.000 abogados y abogadas los que trabajamos en un mercado limitado. Tenemos un papel fundamental en el estado de derecho, pues somos los primeros intérpretes de las normas y canalizamos los conflictos sociales a través del derecho. Asesoramos para prevenir problemas, mediamos y pactamos siempre que es posible. Una gran parte de los asuntos que nos llegan no se judicializan porque los resolvemos previamente y, en último término, garantizamos la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales. Tenemos también un gran compromiso social que se materializa en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la prestación de la asistencia jurídica gratuita para que todos los ciudadanos puedan defender sus derechos ante los tribunales.
