Las acusaciones particulares reclaman sendas penas de 14 años de cárcel para el expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) Francesc Triay y el director de puertos de las islas Ángel Matías por el llamado caso Puertos, los presuntos amaños en los concursos para la adjudicación de valiosos amarres en Maó y Eivissa. Una tercera acusación solicita otros 21 años de cárcel para Matías por otras irregularidades en torno al puerto deportivo de La Savina, en Formentera.
El caso Puertos o Mar Blau nació en 2008 y está llamado a protagonizar uno de los mayores juicios contra la corrupción en las islas de los últimos años.
Hasta el momento las tres acusaciones particulares ?el particular Ramón Orfila Sintes (que denunció los hechos); la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza, y la empresa Formentera Mar S.A., piden la condena para 11 personas, entre empresarios, ejecutivos de esas sociedades y exaltos cargos y funcionarios de la APB.
Hechos de 2003
Los hechos se remontan, en la parte correspondiente a Menorca y Eivissa, a 2003 cuando la APB convocó un concurso para la gestión y la explotación de unos amarres en el puerto de Maó, entre Cala Figuera y la Punta del Rellotge.
Al concurso se presentaron el Club Marítimo de Maó y Trapsa Yates S.L., una empresa del holding que por entonces poseían Gerardo Díaz Ferrrán y su socio Gonzalo Pascual Arias (fallecido en junio del 2012).
Pasados unos años el también fallecido Joan Verger Pocoví )presidente de la APB entre 2003 y 2007) habría iniciado una trama para que Trapsa Yates, que era la mejor valorada en el concurso, cediera los amarres de Maó al Club Marítimo.
Verger y Ángel Matías habrían participado en reuniones y contactos con Trapsa Yates para cerrar la operación. La empresa de Díaz Ferrán y de su socio Gonzalo Pascual exigió a cambio de la renuncia de 13.000 euros por los gastos del proyecto y tres amarres, de 27 metros cada uno, en Maó por todo el período de la concesión.
Verger fue sustituido por el socialista Francesc Triay, al que, siempre según las acusaciones, Trapsa Yates exigió también como pago por su renuncia a Maó la gestión y la explotación del puerto Ibiza Nueva, en dicha isla.
Trapsa se presentó a este concurso con otros socios mallorquines e ibicencos y a través de la entidad Semar. De acuerdo con las acusaciones, Triay habría presionado a técnicos de la APB para que adjudicaran Ibiza Nueva a Semar, pese a que existían informes en contra de ese licitador. Las acusaciones sostienen que los hechos son constitutivos de múltiples delitos: Revelación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias, fraudes en los concursos, y cohecho.
Ramón Orfila, representado por el letrado Rafael Palmer, pide la condena para 7 acusados: Ángel Matías; Francesc Triay; Gerardo Díaz Ferrán; Juan Manuel Domínguez; Juan Carlos Rodríguez?Toubes, Pedro Carmelo Hernández y Gonzalo Pascual de Riva, hijo del difunto Gonzalo Pascual.
La Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza amplía la acusación a dos personas más: Manuel Nadal de Uhler y Juan Rosselló.
La tercera acusación solo ha formulado escrito por las presuntas irregularidades en el puerto deportivo de La Savina.
Esta parte acusa a Ángel Matías; Jaume Ferrando, secretario de la APB en la época de los hechos; y Ángel Bustos, consejero delegado de la empresa Marina de Formentera, que, presuntamente, se benefició irregularmente de una concesión para explotar amarres en La Savina.
Esta acusación incrimina también a un tercer fallecido: Justo Aguado, un alto funcionario de la APB, que habría obtenido un apartamento, con trastero y aparcamiento en Formentera a cambio de favorecer a Marina de Formentera.
