Los nuevos proyectos que se visan en Mallorca corresponden a viviendas cada vez más grandes y que precisan de una inversión creciente porque van destinadas a una minoría de posibles compradores que son cada vez más ricos y que pueden pagar lo que haga falta por ellas, mientras que la mayoría de los isleños salen de la crisis cada vez más pobres y no suponen una demanda solvente.
Este análisis no procede de ningún representante de Podemos, de algún sindicalista o de un ecologista, ideológicamente 'sospechosos' de tener alguna aversión al desarrollo urbanístico que se está dando en la isla. Bien al contrario, surge de la boca del presidente de la patronal de promotores de las islas, Luis Martín, consciente de que con los bajos salarios que se pagan resulta cada vez más difícil encontrar compradorespara los inmuebles que se sacan al mercado en estos momentos.
Según reconoce este representante empresarial, "el cliente que compra actualmente, paga caro y sin demasiada hipoteca", ya que en muchos casos ésta solo cubre el 50% del valor del inmueble, cuando antes de la crisis los préstamos que se solicitaban al banco podían llegar a alcanzar la totalidad del precio del inmueble por la vía de unas tasaciones excesivamente altas. Ahora no. Ahora compra el que ya acude con ahorros suficientes para afrontar esta inversión sin excesivos problemas.
Inversión en ladrillo
El motivo es que la demanda está centrada en extranjeros que buscan una segunda residencia en la isla (nadie pone en duda que Mallorca, como destino considerado seguro, está de moda) o que en muchos casos acuden al ladrillo como destino de inversión ante la jugosa rentabilidad que se consigue por la vía del alquiler.
El problema para las empresas que se dedican a la promoción inmobiliaria es que el mercado al que dirigen su actividad es cada vez más limitado. Según Luis Martín, la salida de la crisis se está produciendo con una minoría de "ricos que con cada vez más ricos" y con una mayoría de la población más empobrecida por la escasa calidad del empleo que se genera y que impide que la mayoría de los isleños puedan incorporarse al que era el tradicional ciclo de compra: una primera vivienda más pequeña y barata, para con los años ponerla a la venta y con esos ingresos embarcarse en la adquisición de otra más grande y costosa en la que poder dar cabida ya a una familia con hijos. Ahora, simplemente, no se puede comprar la primera.
Pero el presidente de los promotores no oculta su malestar ante la política desarrollada por algunos de los gobiernos del Pacto en las Administraciones locales, por considerar que su rechazo al desarrollo de medidas que faciliten la edificación de inmuebles más baratos (como elevar alturas o poder reducir el tamaño de las viviendas) no hacen más que agravar esta situación. Y el ayuntamiento de Palma está entre las causas de ese descontento debido a los retrasos en la concesión de licencias, con plazos de cinco y seis meses para su obtención, cuando no se debería pasar de tres.
