Los problemas de Xelo Huertas no han acabado con su expulsión de Podemos y la pérdida de la Presidencia del Parlament. Ahora el partido está estudiando si los hechos desvelados ayer por Diario de Mallorca son constitutivos de delito. Según documentaba este periódico, la expresidenta del Parlament pasó a la Cámara la factura de un detective privado al que contrató para buscar micrófonos en su despacho y en su coche personal. La operación costó 2.299 euros, se desarrolló durante una sola jornada de trabajo y no condujo a la detección de ningún dispositivo de espionaje.
Huertas encargó el barrido en busca de micros el 5 de diciembre, pocos días después de que este diario informase de las maniobras de la expresidenta del Parlament para ayudar a conseguir una partida en el presupuesto público a Daniel Bachiller, investigador y entonces dirigente de Podemos en Balears. En aquellas publicaciones que llevaron a Huertas a pensar que alguien la espiaba, se describían las presiones ejercidas por la expresidenta del Parlament para que el Govern balear aceptase consignar fondos al proyecto investigador de Podemos, movimientos que están en el origen de su expulsión del partido.
Lo que ahora investiga Podemos es si es posible que al contratar con fondos públicos a un detective privado que le dio un servicio personal Xelo Huertas incurriese en delitos como la prevaricación (actuar incorrectamente a sabiendas) y la malversación de fondos públicos.
Preguntada al respecto, la responsable jurídica de Podemos, Aina Díaz, expresó su “sorpresa” por la actuación de Huertas descrita en Diario de Mallorca. “Me sorprende que haya pretendido pagar con dinero público un servicio privado. Vamos a estudiar los hechos, porque si es así, contrató por su cuenta y riesgo esa investigación, pasando por alto al Servicio de Seguridad del Parlamente, que puede hacer ese trabajo, y a la Policía Nacional, que también se encarga de esas labores”, recalca Díaz, que insiste en la idea de que, por ahora, lo único que van a hacer es analizar lo ocurrido para ver si pueden llegar a ser constitutivos de delito.
La factura está congelada
El tipo delictivo al que más podría ajustarse una actuación así es la malversación de fondos, aunque Díaz duda al respecto, porque la factura aún no se ha pagado. De hecho, en Podemos van a pedir que se bloquee el abono de ese cargo y se le remitan los gastos del servicio a quien lo contrató, Xelo Huertas.
En Podemos también escama el hecho de que el cargo de 2.299 euros entró en el Parlament con el concepto “investigación tecnológica”. “Como la factura no se ha pagado, antes de acusar a nadie de nada vamos a estudiar si un delito de malversación se puede cometer en el grado de tentativa. Políticamente pediremos que se paralice ese abono hasta que todo se aclare. Y probablemente sea conveniente hacer una auditoría de todos los gastos que ha pasado la señora Huertas: si es capaz de camuflar la contratación de un detective privado como si fuera un proyecto de investigación tecnológica, con lo que eso implica de falta de transparencia en el uso de dinero público, pues es recomendable revisar bien todo”, abundan en Podemos.
