La sociedad pide consenso, aunque el uso vacacional de los pisos genera división extrema

El resto fueron disensos, todos ellos muy bien argumentados y razonados, solo que en las Antípodas unos de otros, como por otra parte muestran encuestas como la expuesta ayer por el director de la Fundación Gadeso, Andreu Grimalt, que documentaba que el 58% de la ciudadanía está contra el alquiler turístico. Y eso es poco más de la mitad de detractores, frente al también amplio espectro de ciudadanos favorables al arrendamiento turístico en pisos residenciales.

La división se reflejaba en el propio auditorio del Club Diario. De un lado, quienes piden que se deje actuar al libre mercado imperante en Europa y no se trate de "poner puertas al mar". O dicho de otro modo: que en el alquiler turístico casi todo vale, sobre todo si se pagan los impuestos que tocan. Del otro, quienes sostienen, con números de presión turística nunca vista en la mano, que la isla no da para más, que los recursos están al límite y convierte la convivencia entre residentes y viajeros en un permanente desencuentro, por lo que defienden la prohibición del uso vacacional de pisos residenciales. Y en medio, algunos de los muchos asistentes al debate de ayer, que entienden lo de unos y otros y al final plantean algo parecido a lo que dice querer hacer el Govern balear: regular el alquiler a turistas para que se pueda hacer, pero "sin miedo a hablar de límites" que contribuyan al bien común, como los que ya existen para circular por las carreteras, entrar en un bar o un auditorio o fumar en espacios públicos, recordaba un asistente.

"Lo único que pido es que no hagamos de esto un debate fanático, sino un debate lo más responsable posible", opinaba, también desde el público, otro de los asistentes al Club, que advertía de que el problema exige poco menos que la cuadratura del círculo: hacer compatible la realidad del mercado y los derechos de propietarios y vecinos con la necesidad de frenar la "sobreocupación" de la isla. "No hay solución perfecta", añadía, ante un auditorio cuya composición, tan plural como movilizada y apasionada, anticipa que será difícil encontrar esa receta mágica: entre los asistentes había ecologistas del GOB que pedían menos presión humana en la isla, alcaldesas preocupadas por la cuestión, destacados miembros de la patronal del alquiler turístico, urbanistas, hoteleros, propietarios, trabajadores que temen por el empleo hotelero y vecinos asediados por las subidas del alquiler al calor del arrendamiento. Todos con buenas razones, todos enfrentados, aunque de acuerdo en una cosa: la reforma del Govern no resuelve el problema, lo agrava.

Por varias razones. El abogado y ponente del debate Marc González citaba por ejemplo el difícil encaje constitucional que tiene la propuesta del conseller de Turismo, Biel Barceló, que "invade competencias del Estado como la de regulación del arrendamiento urbano" o lo que respeta a la Ley de Propiedad Horizontal, el marco que ordena las comunidades de vecinos. "La reforma trata de regular a través de la prohibición", añadía González, que cuestiona las opciones que tiene el Govern de hacerla cumplir.

La misma duda exponía Antoni Villalonga, consultor, que sostiene que "en mercados liberalizados y con estas tecnologías que superan todas las barreras, no creo que las autonomías puedan controlar el fenómeno". Y menos con leyes como la del Govern, decía, "más propia del siglo XIX que de la realidad del siglo XXI". Por ello, vaticinaba un fracaso de la normativa del vicepresident Barceló, con sus multas más duras: "Nadie va a poder hacer cumplir esta ley. ¿Qué conseller podrá poner una multa de entre 20.000 y 40.000 euros euros a una persona que alquila su piso un par de meses a un turista?"

Grandes dudas y buenos argumentos enfrentados: hay debate para largo.