El juez de lo Mercantil número 1 de Palma ha rechazado la demanda de reintegración social planteada por la administración concursal de Orizonia y ha dado la razón al grupo Barceló, al que reclamaba 60 millones de euros para incluirlos en la masa de la desaparecifda empresa que dejó a unos cinco mil trabajadores sin empleo.
Los administradores de Orizonia, que se encuentra en concurso de acreedores, planteaban que Barceló se benefició al comprar la aerolínea de la compañía, asumir sus agencias de viajes y a un millar de trabajadores en 2013, antes de la declaración del concurso. Los ejecutivos defendían que se trató de una decisión empresarial con el principal objetivo de salvar los puestos de trabajo y de hecho la mayor parte de la plantilla siguió trabajando en las distintas oficinas repartidas por todo el país.
El magistrado analiza este conflicto en una sentencia de 78 páginas y finalmente rechaza la demanda. La sentencia no es definitiva y con toda seguridad será recurrida ante la Audiencia de Palma.
