La secretaría general de Instituciones Penitenciarias, designó ayer a María Jesús de Dios Corchero nueva directora de la cárcel de Palma, en sustitución de Andrea Romero, que pidió el relevo tras un choque con funcionarios del centro contrarios a su gestión para mejorar la atención de los reclusos y una baja médica. De Dios procede de la Inspección Penitenciaria y es una persona de confianza de Ángel Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, un departamento que depende del ministerio del Interior.
Instituciones Penitenciarias cerró ayer la crisis suscitada hace algunas semanas por los roces entre Andrea Romero y otros jefes y funcionarios del centro penitenciario mallorquín.
La salida de Andrea Romero y su relevo por De Dios fue confirmada por fuentes de la delegación del Gobierno en Balears hacia el mediodía. Sin embargo, en la secretaría de Estado de la que dependen las cárceles españolas no quisieron confirmar los cambios hasta casi dos horas después, cuando emitieron una nota oficial.
Motivos personales
Inicialmente se dijo que Romero había sido cesada en su cargo directivo, del que tomó posesión el pasado 10 de octubre. No obstante, la nota oficial de Interior explicó que la directora saliente había pedido su traslado, cambio que le fue concedido.
Romero alegó para su remoción "motivos personales" que las fuentes informativas oficiales no han querido concretar. No obstante, este diario ha podido confirmar que el trasfondo de la crisis ha sido la guerra entre Romero y un sector de funcionarios, contrarios a su gestión en defensa de los derechos de los reclusos y su idea de atajar algunas disfunciones del personal.
Romero se hallaba de baja desde el pasado 21 de diciembre y tras toparse con la oposición de algunos trabajadores contrarios a sus planes de mejorar las condiciones de vida de los internos y eliminar conductas inadecuadas por parte del personal.
Humanizar el tratamiento
Romero llegó al centro penitenciario de la carretera de Sóller en sustitución de Gustavo Vilas y tras una sucesión de denuncias de reclusos por malos tratos físicos y verbales, algunas de las cuales se investigan en los juzgados de Palma.
La nueva directora comenzó a aplicar una serie de cambios para "humanizar el tratamiento" dado a los internos.
Una de las modificaciones más importantes que la exresponsable quiso implantar afectaba a las sanciones de aislamiento, un régimen que se impone a los presos peligrosos o que hayan protagonizado faltas. Romero decidió que en lugar de mantener a los presos encerrados solos durante varios días, cumplieran las sanciones solo por las tardes.
También intentó agilizar la concesión de permisos de salida, que suelen demorarse durante muchos días por las trabas burocráticas.
Romero programó reuniones más frecuentes de la junta de tratamiento, el órgano encargado de autorizar la salidas de los reclusos. También emplazó a los presos a pedir los pases de permiso de dos en dos para poder resolverlos en el plazo previsto y evitar que alguna solicitud no fuera atendida.
La exdirectora también se habría mostrado más próxima a los internos que anteriores responsables del centro. Solía pasarse por los patios de los módulos para conversar con los presos y les invitaba a plantear sus quejas sobre su situación.
Incluso llegó a preocuparse por la comida de los internos y se esmeró porque estuviese en buenas condiciones.
Cambios de personal
Las novedades fueron acogidas con agrado por la población reclusa, pero toparon con la oposición de un grupo de funcionarios.
Romero llegó a promover el cambio de destino de algún trabajador que fue detectado cometiendo faltas de comportamiento, aunque no ha trascendido si instó la apertura de expedientes contra ellos.
Hubo reuniones de la exdirectora con funcionarios, donde éstos expresaron sus discrepancias con el nuevo modelo de centro. La tensión llevó a Andrea Romero a cogerse una baja médica el pasado 21 de diciembre, situación que le impidió reincorporarse.
María Jesús de Dios Corchero comenzó su carrera como ayudante de prisiones en 1985. La nueva directora se licenció en Derecho y se incorporó en 2009 al cuerpo especial de la Administración Penitenciaria. En 2012 entró en la Inspección Penitenciaria, unidad de élite de Interior.
