La fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito de acusación contra Gennadius Petrovnuevo escrito de acusación contra Gennadius Petrov, el mafioso ruso que residió durante más de una década en Calvià y que hace cuatro años huyó de la Justicia, refugiándose en su país. Este nuevo escrito de acusación, que firman los fiscales Juan Carrau y José Grinda, no se refiere a las actividades mafiosas que controló el patriarca ruso, sino a los delitos fiscales que habría cometido a través de las empresas que manejó durante los 14 años que estuvo residiendo en Mallorca.
En este escrito, que ha sido entregado en la Audiencia Nacional, a Petrov se le reclama una condena de 24 años de prisión. Esta petición es mucho más elevada incluso que la acusación por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero, que también le imputa la fiscalía, por los que únicamente se le reclaman ocho de cárcel. Esta acusación se refiere a las actividades ilícitas que cometió como máximo jefe de la organización mafiosa, que dirigía desde su refugio en la isla.
En paradero desconocido
Petrov en estos momentos está fugado de la Justicia. En el poco probable caso de que el ruso quisiera entregarse a las autoridades españolas para responder de la defraudación tributaria, que asciende a unos diez millones de euros, compartiría el banquillo de los acusados con su esposa Elena Petrova y con su lugarteniente Jurij Salikov, que vivía frente a su lujosa mansión de la urbanización Sol de Mallorca, en el municipio de Calvià.
La Audiencia Nacional ha decidido unir los dos escritos de acusación en un mismo juicio, que está previsto que se inicie el próximo mes de junio. La vista ya se ha suspendido en varias ocasiones. En el banquillo, teóricamente, deberían sentarse los 26 integrantes de la organización mafiosa que fueron detenidos en la denominada operación Troika, que se desarrolló en el año 2008 en Mallorca y Málaga, coordinada por el exjuez Baltasar Garzón. Sin embargo, muchos de estos detenidos están en paradero desconocido, por lo que el juicio se celebrará únicamente contra los que siguen residiendo en suelo español. Ninguno de los líderes de este grupo está en España.
Petrov era el líder de la denominada mafia Tambovskaya. Esta organización se dedicaba a todo tipo de delitos como el asesinato, el tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la descapitalización fraudulenta de sociedades, así como llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar palizas por encargo. El mafioso dirigía su organización desde su lujoso chalet de Calvià, que dejó abandonado cuando huyó, aprovechando un permiso, a su país.
Este segundo escrito de acusación se refiere a que el ruso y su esposa Elena Petrova controlaban en Mallorca un total de nueve empresas, la mayoría dedicadas al sector inmobiliario. Por ser residentes en Mallorca, declaraban impuestos en España, pero no comunicaban sus ingresos reales. La mayoría de ocasiones sus ingresos estaban muy por debajo de sus gastos, declarando pérdidas. El dinero con el que se regaba estas sociedades llegaba a través de transferencias de divisas de cuentas bancarias en diferentes países, algunos considerados paraísos fiscales. Ni un solo ingreso, según la acusación, respondía a una real prestación de servicios. Era una forma de blanquear el dinero que obtenían estos mafiosos por los delitos cometidos en Rusia y era un sistema para esconderlo de las autoridades tributarias de España.
Trama societaria
Anticorrupción hace un detallado relato de las sociedades y de las declaraciones económicas que realizaron, a través del impuesto de IRPF. Los fiscales aseguran que Petrov y su mujer utilizaban una trama de sociedades instrumentales carentes de actividad real. El ruso realizó algunas operaciones inmobiliarias en Mallorca, con la compra de viviendas de lujo, algunas de ellas vendidas después a personajes vinculados con otros grupos mafiosos. En el escrito de acusación se calcula que la cuota de impuestos impagada alcanza casi diez millones de euros.
