Llamar constantemente al teléfono de emergencias de la Guardia Civil, para comunicar incidentes que nunca existieron, no sale gratis. Una mujer que tenía por costumbre teclear en su teléfono el número 062, que corresponde a la centralita de la Guardia Civil, para anunciar que se estaba produciendo un determinado altercado, tendrá que pagar una multa. Estas insistentes llamadas, lógicamente, movilizaban a las fuerzas de seguridad. Desde la centralita policial se comunicaba el incidente a la patrulla de la Guardia Civil que estuviera de servicio para que se acercara al lugar donde había señalado la mujer por teléfono. Sin embargo, la llamada de emergencia siempre era falsa. Se acudía al lugar y se comprobaba que no se había producido ningún incidente que justificara la presencia de la Guardia Civil. Es más, el lugar indicado siempre estaba tranquilo y no se había producido ningún tipo de acontecimiento previo que justificara la presencia policial.

Esta situación no se produjo una única vez. La mujer llamaba constantemente al mismo teléfono, hasta el extremo de que, según una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, en ocasiones llegó a colapsar la centralita de la Guardia Civil.

Esta mujer, no solo llamaba por teléfono al 062, sino que durante meses tenía por costumbre acudir prácticamente a diario al juzgado de Palma para presentar denuncias por cualquier motivo. Llegó a presentar denuncias en todos los juzgados de instrucción de Palma, provocando el malestar entre los funcionarios por cuanto los hechos que denunciaba nunca eran ciertos, pero muchas veces obligaban a iniciar diligencias de investigación.

La Delegación del Gobierno, para poner freno a esta situación, inició un expediente, que terminó con una sanción económica de 100 euros contra esta mujer, por haber alterado la seguridad colectiva. Se la sancionó porque sus constantes llamadas impidieron que se llevara a cabo un servicio de seguridad conjunto programado entre la Guardia Civil y la Policía Local de Sóller. La patrulla había acudido a un aviso comunicado por la mujer y no pudo asistir después al servicio que estaba programado. Una vez más, se había inventado dicho incidente, ocasionando graves molestias. La Delegación del Gobierno le impuso esta sanción económica por haber cometido una infracción de la ley de seguridad ciudadana.

Los jueces se han tenido que pronunciar sobre este caso porque la mujer presentó un recurso contra dicha sanción económica. Solicitó un abogado de oficio y se le concedió. Sin embargo, por distintos motivos dicho recurso se presentó demasiado tarde. Solo tenía dos meses de plazo y el recurso lo planteó después. Por este motivo, la sentencia ni siquiera entra en el fondo de dicho recurso.