PSIB, Més y Podemos registraron ayer en el Parlament la solicitud de convocatoria urgente de la Junta de Portavoces con el fin de intentar desbloquear la situación, después de que la alianza de Xelo Huertas y el PP frustrara la destitución de la excargo de Podemos como presidenta de la Cámara. Los partidos del Pacto son conscientes de que tienen pocas posibilidades de lograr un acuerdo por esta vía, ya que la Junta no tiene capacidad para adoptar decisiones que corresponden a la Mesa; es decir, para acordar la destitución de la presidenta. Además, la convocatoria de la Junta debe efectuarla la Mesa a cuyo frente se sigue encontrando Huertas.
La solicitud de urgencia supone que el plazo para convocar a la Junta se reduce de ocho a cuatro días, aunque dado que el viernes es festivo en Palma dan por hecho que hasta el próximo martes no se celebraría esta reunión. De entrada, El Pi ya dijo ayer que no se sumaba a la petición de convocatoria de la Junta, organismo que "no tiene capacidad de adoptar una decisión por encima de la Mesa", ya que el partido "no seguirá las instrucciones de ningún grupo parlamentario, sino las de la Oficialía Mayor" del Parlament y las que "dicten los servicios jurídicos" de la Cámara. A la vez, consideró que lo ocurrido ayer "constata la deslealtad del PP para impedir resolver el conflicto" y la "incapacidad y falta de previsión" de los partidos del Pacto.
El PP pide informes
El PP, por su parte, dejó claro que no asistirá a ninguna nueva reunión mientras no se le facilite "la misma información" que al resto de los miembros de la Mesa del Parlament. La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, anunció que hoy registrará un escrito solicitando este documento, así como un informe sobre la aplicación del artículo 39C del Reglamento de la Cámara, en el que se establece que cuando un diputado deje de pertenecer a su grupo parlamentario dejará de formar parte de la Mesa del Parlament. Este sería el caso de Huertas, expulsada de Podemos, pero el PP sostiene que hay "dudas jurídicas" respecto a si este artículo es de aplicación inmediata en el caso de la actual presidenta del Parlament.
Mientras, la convocatoria de una nueva Mesa sigue siendo una incógnita, ya que depende de Huertas, quien está logrando su objetivo de dilatar su destitución. Ayer, mientras los partidos del Pacto la acusaban de "prevaricar" por incumplir el Reglamento del Parlament, que tiene rango de Ley, Huertas lanzaba un comunicado en el que afirmaba que ella ha cumplido con sus "obligaciones y funciones hasta el último momento con el fin de que la institución no se viera afectada" y sostenía que no era ella la que había provocado la actual situación
El resto del comunicado era un recordatorio de su demanda ante los tribunales contra su expulsión de Podemos y su tesis de que, dado que en esta demanda pide que se deje esta expulsión en suspenso como medida cautelar, si la Mesa decidiera su destitución podría incurrir en la "conculcación" de sus "derechos fundamentales".
Detrás de la estrategia de la presidenta del Parlament se encuentra el asesoramiento, entre otros, del popular Joan Huguet, ex presidente de la Cámara balear.
