La enseñanza concertada ha quedado satisfecha con el nuevo decreto de conciertos, ya que éstos quedan blindados durante seis años (y no cuatro como hasta ahora) en todas las etapas educativas (y no solo en Primaria, como fija la LOMCE).
Eso es una buena noticia para las patronales religiosas, Escola Catòlica y CECEIB, y para Cooperatives d´Ensenyament. Pero la satisfacción en el sector educativo casi nunca es completa.
Escola Catòlica sí remitió ayer un comunicado para aplaudir el decreto sin fisuras y elogiar públicamente la gestión de la conselleria que dirige Martí March. En este línea se expresaron a este medio tanto el presidente de esta patronal, Bernat Alemany, como su asesor jurídico, Marc González. Ambos aseguraron estar contentos con la manera en que han quedado redactados los aspectos referidos a la escolarización del alumnado.
Este es un punto que a menudo genera polémica ya que la escuela concertada acoge en general a un menor porcentaje de alumnado con necesidades, según las estadísticas oficiales. Educación quiere tratar de hacer una distribución equitativa de estos estudiantes (en el que se incluye a los niños llegados de otras comunidades y países) y evitar desequilibrios entre colegios. El nuevo decreto recoge que es "obligación" de los centros concertados "cubrir de forma equitativa" las necesidades de escolarización en una misma zona escolar. Alemany lo consideró "razonable", desmintiendo así que Escola Catòlica vaya a llevar este punto a los tribunales.
Diferente sería su postura si Educación hubiera mantenido el redactado que planteó al inicio de la tramitación: esa escolarización equitativa por zona figuraba como un "requisito" para obtener el concierto, no como una obligación a cumplir una vez que los centros ya están concertados. Alemany aseguró que tampoco tienen problemas con la obligación de incluir en el GESITB (el sistema informático de la Conselleria) toda la información que se les pida.
Las posturas
Así, Escola Catòlica admitía ayer que ha habido "discrepancias" con la Conselleria, pero celebraba que finalmente se han "acercado posturas". Desde CECEIB, su presidente Ventura Blach se mostró contento con los seis años de los conciertos, pero lamentó que sea la única de sus alegaciones aceptada. Consideró que dos temas "podrían mejorarse": las ratios y los criterios para fijar la dotación básica de personal de atención a la diversidad. Esta dotación fija aumenta y pasa a representar al 80% (algo que todos valoran), pero Blach criticó que para decidirla se atenderá al número de alumnos con necesidades que tuvo el colegio el último año, cuando a su entender se deberían tener en cuenta los tres últimos años: "Estudiaremos impugnar este punto".
Enric Pozo, al frente de las Cooperatives d´Ensenyament, celebró en líneas generales el nuevo decreto y los conciertos de seis años, pero hizo varios matices. Expresó su preocupación por la disminución de horas concertadas en FP Básica (de 41 a 36), lo que reduce el tiempo para preparar las clases y realizar las tareas de coordinación, advirtió.
Pozo señaló también que el aumento de horas concertadas en ESO que prevé el nuevo decreto para aplicar nuevos itinerarios y programas LOMCE sólo está pensado para los centros con una o dos clases por curso, con lo que la situación "queda descompensada" en los centros grandes, como el CIDE, por ejemplo. "Necesitaríamos más horas para hacer los desdoblamientos de Inglés en ESO", añadió Pozo. Asimismo, abogó por la revisión de los módulos económicos, intactos desde 2009.
El sindicato CCOO reclamó que esa ampliación de los conciertos se traduzca en una mejora de las condiciones del personal, así como en una mayor "transparencia" de gestión de estos centros que, demandó, deberían ser "auditados" por el Govern. Reclama que se asegure de que cumplen con el "modelo de escuela inclusiva".
