El Govern balear ha encajado con deportividad la avalancha de alegaciones contra su anteproyecto de reforma de la ley turística. En parte, porque se la esperaban. En parte, porque en la búsqueda de una solución de consenso entienden que es fundamental que todo el mundo exponga sus intereses. "Hay de todo entre las alegaciones, y lo que vamos a hacer es analizar una por una, y veremos qué se puede incluir, porque se nos incorporan muchas cosas muy diferentes", resume Pilar Carbonell, directora general de Turismo, que insiste en que la regulación tiene que reformarse para poner orden en una actividad que hoy se realiza masivamente al margen de la ley y de Hacienda. "Hay alegaciones incluso de sectores que no están directamente afectados, como las agencias de viaje. Y eso es muy bueno, porque se trata de hacer una regulación lo más completa posible", añade Carbonell, que pone como ejemplo la reclamación de ayer de los sindicatos: quieren que el personal al servicio del alquiler turístico se rija por las condiciones laborales del convenio colectivo, "algo que se ha hablado con la Conselleria de Trabajo, porque este Govern es muy sensible en la cuestión laboral".