La todavía presidenta del Parlament, Xelo Huertas, podría incurrir en un delito de prevaricación si dilata arbitrariamente y sine die su cese del cargo. Huertas es la competente para convocar la Mesa del Parlament; el órgano de gobierno de la Cámara autonómica debe recepcionar el escrito presentado por Podemos el pasado lunes, comunicando la expulsión del grupo parlamentario de la propia Huertas y la diputada Montse Seijas. Es un trámite puramente formal, que no requiere votación ninguna, pero que es preceptivo para que sea efectivo el cese de la segunda autoridad de Balears, en base al actual reglamento de la institución.
Según distintos cargos parlamentarios, Huertas ha manifestado que no tiene prisa para reunir a la Mesa; también, que lo hará antes de febrero. Alega que la Cámara se encuentra fuera del periodo de sesiones, por lo que no tendría obligación inmediata de convocarla. No obstante, algunos juristas ya han alertado de que la presidenta podría prevaricar si retrasa un acto reglado a sabiendas de su irregularidad, máxime porque le incumbe a ella directamente.
De hecho, según algunos expertos y profesionales en Derecho Xelo Huertas ya no ostenta la presidencia de la principal institución de las islas. Aducen que desde el momento en que su antiguo grupo parlamentario notificó al Parlament su expulsión como miembro del mismo, la destitución es automática. Uno de los que defienden este punto es Avel·lí Blasco: "Estoy afirmando que dicho cese [de Huertas] no es que deba producirse inmediatamente sino que se ha producido ya [...]", afirma el catedrático de derecho administrativo de la UIB en un artículo que se publica en la sección de opinión de este diario.
Una fórmula que ya manejan los partidos del Pacto, en el caso de que la presidenta siga atrincherándose, será forzar una junta de portavoces para de este modo tener que convocarse la preceptiva Mesa.
Por otro lado, la estrategia del PP para demorar la salida de Huertas de la presidencia, mediante la solicitud de informes jurídicos ante las "dudas" que existen según los populares, tiene poco recorrido. Los letrados del Parlament tienen clara la interpretación del artículo 39.c del reglamento, que no es otra que el cese de la presidenta al haber perdido la confianza de su grupo y haber sido expulsada del mismo.
El PP apoyó el artículo que cuestiona
"No queremos equivocarnos" echando a Huertas, al ser irreversible la medida, ha dicho Miquel Jerez, miembro de la Mesa por el PP. Su postura choca con la mantenida por su portavoz parlamentaria, Marga Prohens, quien nada más conocerse la suspensión cautelar de Huertas como militante de Podemos -sin siquiera resolución inicial-, enfatizó que había una presidenta "en funciones" y sin "legitimidad" para presidir la Cámara autonómica.
El PP pone objeciones ahora a la aplicación insólita del citado artículo 39.c, justificándolo en que no quiere amparar "una purga a la soviética". En el Parlament recuerdan que los populares votaron a favor de este punto y del resto del articulado en la reforma del reglamento, aprobado por unanimidad en 2011, y que ahora cuestionan.
