Abogados mallorquines han expresado su preocupación por el desamparo que sufren los afectados por la okupación , ya sean los legítimos propietarios o el resto de vecinos de la comunidad. Puertas especiales antiokupas, tapiado de todo tipo de accesos, vigilantes privados, pago de rescates, alquileres económicos en otros inmuebles, todo vale para luchar contra una lacra que, sin haber aumentado, se ha sofisticado en sus métodos.

El letrado Juan Buades destaca que el tipo delictivo de la usurpación de inmueble era un recurso legal que hace unos años funcionaba para un desalojo rápido de los okupas. "El problema -explica el jurista- es que por la presión mediática se ha producido una relajación y la Policía, que antes identificaba a los okupas, no los identifica y entonces no hay manera de interponer contra él la demanda civil de desahucio. Sin nombre no hay reclamación civil viable y el proceso se eterniza".

Otra disfunción nace de que muchos de los inmuebles allanados son propiedad de bancos y a veces esas entidades son dinosaurios lentos en su reacción, lo explica Jacobo Ribas, de la administración de fincas Feex Asesores.

Rivas ha tenido que lidiar con un caso de okupación consumada y con varios intentos. "En el primer caso conseguimos desahuciar a una familia de un piso propiedad de un banco, pero el mismo día que se produjo el lanzamiento volvieron a ocupar la vivienda. El banco tardó en reaccionar y pasaron varios años", se lamenta Rivas.

Para suerte de los vecinos, la entidad financiera aceptó pagar un plus de los gastos de comunidad por la casa okupada.

Juan Buades pone el dedo en la llaga al denunciar que una okupación degrada la finca donde se produce y devalúa los inmuebles no okupados. El abogado añade que "okupación llama a okupación y los okupas quieren que otras familias se instalen en las fincas o ceden su lugar a otros intrusos".

Francisco Parada, que fue secretario de la Cámara de la Propiedad de Palma, opina que la okupación merecería un castigo más duro. "Pienso que el que okupa una casa sin tener título que le acredite debería ir a la cárcel y, además, reparar todos los daños y perjuicios que ha causado", afirma Parada.

El también letrado Francisco Cañellas recuerda que la usurpación de inmuebles que no constituyan morada es un delito leve, castigado con multas de tres a seis meses, "una pena que no asusta a los okupas", opina Cañellas. Este jurista ha llevado dos casos penales por usurpación de inmuebles, uno de los cuales se zanjó con condena y desalojo. Por cierto, que los dos casos eran apartamentos en zonas costeras de Mallorca y no pisos en Palma.

Al menos dos de los abogados consultados admiten haber pagado rescates por inmuebles. "Tres hombres entraron a vivir en un ático que había sido propiedad de mi madre y tenía una excelente ubicación en Palma. Hablé con ellos y me dijeron que la casa era ideal para pasar el verano, pero que para el invierno querían buscar otro piso más caliente. Eran muy educados e incluso uno tenía trabajo", relata un abogado. Al final se fueron previo pago por los propietarios.

Un veterano procurador representa a una antigua caja de ahorros reconvertida en banco y tiene abiertos entre 30 y 40 asuntos civiles y penales por okupas y otros motivos de desahucios. Según este procurador, la vía civil tarda unos seis meses si los okupas piden abogado de oficio y menos si no lo solicitan. "Los desahucios son muy desagradables, se juntan varias decenas de personas y gritan que las casas no son de nadie, cuando son propiedad del banco, pero ellos dicen que el banco no es nadie". Muchos de los casos de se producen en barrios como Corea, Son Gotleu o sa Indioteria.

Ladislao Roig, teniente fiscal de Balears, distingue entre los okupas por estado de necesidad y los caraduras. El fiscal ha participado en dos casos y en ellos, dada la precariedad de los okupas pidió la intervención de los servicios sociales, que acabaron consiguiendo otro alojamiento para esas familias. Los casos se archivaron.