El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha rechazado que el Consell de Mallorca deba resarcir a la concesionaria del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (C-715) a raíz de la ejecución, diez años después del contrato suscrito entre ambas, de nuevos accesos que afectaban a esta vía y que la empresa adjudicataria considera una modificación sustancial de las condiciones pactadas en la concesión.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así el recurso interpuesto en este sentido por la mercantil Pamasa, que en junio de 2004 rubricó con la institución insular el contrato para la ejecución de la que sería una de las principales infraestructuras impulsadas bajo la presidencia de Maria Antònia Munar y que, según la Fiscalía, habría supuesto un presunto perjuicio de hasta 41,9 millones de euros públicos.
En su impugnación, Pamasa apuntaba a que la aprobación, en 2014, de obras posteriores en la carretera -nuevos accesos a Son Ferriol y a Son Llàtzer y el proyecto de la Vía Conectora en su segundo tramo- suponían una modificación material y funcional de la concesión que, además, afectan al tráfico de la C-715.
Frente a ello, el Consell alega que se trata de un contrato de obra independiente debidamente aprobado y, de hecho, la sentencia dictada en primera instancia al respecto y ahora confirmada por el TSJB asevera que "no se puede hablar de una modificación contractual" como tampoco de "una invasión u ocupación de la carretera", sin que quepa además ordenar la suspensión de las obras en cuestión, como solicitaba Pamasa, puesto que "gozan de ejecutividad y presunción de validez y eficacia".
La resolución ya firme asevera que la ejecución de la Vía Conectora fue adjudicada de forma legal y recalca que ha quedado "suficientemente acreditado" que Pamasa estuvo "perfectamente informada del proyecto en primer lugar, y de los planes de obra de modo más detallado".
El TSJB incide, además, que en ningún momento el Consell incurrió en supuestos de nulidad o de infracciones jurídicas con la concesión de las obras para los nuevos accesos, que recayó en manos de la UTE Vía Conectora Tramo II, codemandada en este proceso.
Cabe recordar que, en relación con las obras de la carretera Palma-Manacor, están pendientes de sentarse en el banquillo trece acusados en el marco del conocido como caso Peaje. La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 154 años de cárcel y 730.000 euros en multas.
