La Conselleria de Serveis Socials y Cooperació ha calculado que con los recortes impuestos por el Gobierno central desde 2012 en materia de dependencia se han dejado de ingresar un total de 34 millones en los últimos cuatro años, cosa que ha obligado a la Comunidad Autónoma a "sostener el peso del sistema de atención en la dependencia".
Por esto, la Conselleria reivindicó ayer en Madrid, en la reunión de directores generales de dependencia con el Imserso, que se vuelva al modelo de financiación anterior a los recortes del Gobierno central en 2012.
Eso supondría volver a un sistema de financiación compartida, con el cual cada comunidad autónoma recibiría una cantidad para costear la estructura necesaria para aplicar la Ley de Dependencia, que, en Balears, hasta el año 2012, era de 4,5 millones de euros.
Según explican, aparte de estos 4,5 millones, también se ha reducido la aportación para cada beneficiario en las islas Eso quiere decir, explican desde el departamento dirigido por Fina Santiago, que, de cada prestación de dependencia, que tiene un coste de 2.000 euros por persona, el Gobierno central solo sufraga 177 euros, una cantidad que ni siquiera llega al 9% del total.
Otro de los puntos del orden del día en la reunión celebrada ayer en Madrid, incluido a petición de la Conselleria balear, ha sido reclamar al Gobierno central la elaboración y la aplicación de un plan de infraestructuras en materia de Dependencia.
Ayudas para residencias
La carencia histórica de plazas en Balears por la falta de inversión en construcción de residencias y centros de día ha hecho que sea necesario crecer en nuevas infraestructuras. Por eso, se reclama al Estado que compense esta falta de inversión y ayude a las comunidades autónomas a seguir construyendo nuevas residencias y centros de día para personas dependientes.
De esta manera, desde la Conselleria de Serveis Socials y Cooperació, se ha reclamado a Madrid que, como mínimo, se vuelva al modelo de financiación anterior al año 2012 y que se aumente la aportación que hace el Gobierno a las comunidades autónomas para cada persona que recibe una prestación de dependencia.
La aceptación de estas reclamaciones permitirían a comunidades autónomas como Balears mantener una estructura óptima para desplegar la Ley de Dependencia. Asimismo, la Conselleria de Serevis Socials no descarta reclamar a Madrid parte de los 34 millones de euros que ha dejado de recibir desde el año 2012.
