El Ministerio de Fomento no ha renunciado a su decisión de recortar el descuento de residente cuando se hagan reservas para grupos de más de nueve personas. De momento, el Gobierno central solo ha aplazado la aplicación de la medida a finales de marzo, en vez de comenzar con las restricciones en el 1 de enero. Según confirman en el ministerio, la idea que tienen es que la resolución que modifica las condiciones de la subvención a los residentes de Balears y Canarias entre en vigor coincidiendo con el inicio de la temporada de verano en el aeropuerto, en el mes de marzo.
Mientras tanto, el Ministerio de Fomento tratará de consensuar medidas de control que eviten nuevos fraudes con el descuento que se aplica a los grupos. Para ello organizará unas mesas de trabajo en las que participarán el Govern balear, el canario y técnicos de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento. En esas reuniones se centrarán en buscar mecanismos que permitan calcular un precio de referencia para cada ruta. El objetivo es utilizar ese valor en euros como techo de la subvención, de modo que si en alguna reserva de grupos el coste supera ese máximo, el descuento del 50% deje de aplicarse sobre el exceso.
Fomento trabaja en paralelo con las patronales de las agencias de viajes, para diseñar fórmulas que impidan en el futuro episodios de abuso por parte de las aerolíneas como los detectados en el pasado. La actuación del ministerio no se entiende sin el caso abierto contra Globalia y Air Europa por la Audiencia Nacional, que archivó provisionalmente a finales de octubre la acusación contra el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, y otros directivos, al no poder determinar el tribunal el responsable "concreto" de la "decisión de facturar de forma defraudadora". No obstante, el caso sigue ahora adelante contra la sociedad mercantil Globalia, acusada de un fraude continuado al Ministerio de Fomento con las subvenciones del descuento.
¿Qué hechos se persiguen? La Audiencia Nacional investiga viajes de grupo en los que por contrato privado la aerolínea entregaba billetes de valor mucho más elevado a la media del mercado, de modo que así se embolsaba el 50% de descuento de residente, aplicado sobre un pasaje más caro de lo habitual. Los investigadores han llegado a documentar esta práctica en viajes regalados a empleados, asociaciones de todo tipo, e incluso empresas, instituciones y grupos deportivos, que se beneficiaron de viajes gratis o a precio rebajado para ellos, por los que luego la aerolínea ingresaba el 50% del Estado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha documentado además irregularidades en los cargos de emisión de cada billete. Según detallan, las tasas aplicadas a cada pasaje eran de 20 euros en los primeros años, de los que el Estado pagaba el 50%, o sea 10 euros. La cifra subió a 25 euros más tarde, de los que Air Europa reclamaba 12,5 al Ministerio de Fomento. El fraude, según el escrito de acusación de la Fiscalía, es que siempre se le pedían al Estado esos 10 euros, primero, y 12,5 euros, independientemente de lo que de verdad se hubiera cobrado a tal efecto en cada agencia de viajes.
De ahí la obsesión mostrada en los últimos años por el Ministerio de Fomento con el control de la aplicación del descuento para viajar. Lo hicieron primero recuperando la exigencia de mostrar un certificado de residente insular, y volvieron a la carga el año pasado con esta restricción a los viajes de grupo. Y solo a los de grupo, insisten en Fomento, donde recalcan que quien compra su billete de forma individual o hace reservas colectivas de menos de 9 personas seguirá beneficiándose del 50% de descuento, sin ningún tipo de límite y pase lo que pase de aquí a marzo.
¿Qué pasará con los viajes de grupo? Pues es lo que se va a negociar hasta marzo. De momento, la resolución que iba a aplicar Fomento establecía un techo de subvención en caso de reservas para más de 9 personas. Para ello tomaba como referencia el precio medio de los billetes en esa ruta. A partir de ahí, la resolución limitaba el descuento al 50% de ese precio medio. Pretendían así evitar que un acuerdo privado entre, por ejemplo, una aerolínea y un equipo deportivo o una asociación o institución, se saldase con los viajeros volando gratis con billetes de primera clase, por los que no pagarán nada ellos, pero sí el Estado, que asumiría el 50% de un precio mucho más elevado de los que se abonan de media en el trayecto.
¿Cómo se iba a calcular esa media? Pues según explican en Fomento, de eso se encarga Aviación Civil, que se limita a tomar los precios pagados por todos los viajeros y dividir entre cada pasaje para obtener una tarifa media. Este sistema es el que no convencía ni al Govern balear ni a las agencias de viajes, que aseguraban que muchos billetes de grupo se verían encarecidos, toda vez que casi nadie paga la media.
Lo ejemplificaba la Asociación de Agencias de Viajes de Balears, Aviba, que detallaba que en la ruta de Madrid con Palma el precio medio son 71 euros, con lo que el descuento máximo será de 35,5 euros para cada viajero de una compra en grupo. Si esos billetes se adquieren, sin defraudar a Fomento, por 300 euros cada uno, el descuento en vez de ser de 150 euros (50% de residente) será de ese tope de 35,5 euros y los 114,5 euros restantes los abonará el grupo que compre.
De ahí las quejas, respaldadas por el Govern balear y escuchadas por el Ministerio de Fomento, que ahora busca mejorar el mecanismo para evitar excesos, con lo que aplazan los recortes previstos para el 1 de enero. Pero no acaban con ellos: por ahora, solo los posponen.
