El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció hace unos días en el Congreso que su departamento ha renunciado definitivamente a privatizar los registros civiles y asignarlos a los registradores mercantiles y de la propiedad. Los sindicatos se opusieron a ese cambio por la pérdida de puestos de trabajo de funcionarios judiciales y el riesgo de que se implantaran tasas para trámites que ahora son gratuitos.

El Partido Popular llevaba varios años intentando que los registros civiles salieran de los juzgados y su gestión se encomendase a los registradores mercantiles y de la propiedad, que son funcionarios públicos pero que trabajan como empresas privadas. La idea de los conservadores era agilizar el actual sistema, que en algunas materias como los trámites para obtener la nacionalidad han sufrido importantes retrasos, y modernizar el servicio.

En los registros civiles se inscriben los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios y las incapacidades y se tramitan las nacionalidades.

El ministerio de Justicia, entonces encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en diciembre de 2012 su intención de delegar en los registradores de la propiedad la gestión no la titularidad del registro civil, llevado por jueces desde el siglo XIX. Y abrió la puerta a que ciertos trámites menores dejaran de ser gratuitos para los ciudadanos.

La reforma pronto suscitó las protestas de los sindicatos y de partidos de la oposición. En el seno del colectivo de registradores de la propiedad y mercantil el nuevo modelo generó división, especialmente en lo relativo a las contraprestaciones económicas para prestar los nuevos servicios.

En Balears los principales registros civiles se hallan en las cabeceras de los partidos judiciales: Palma, Inca, Manacor, Eivissa, y Maó y Ciutadella. En esas oficinas trabajan decenas de funcionarios, bajo la dirección de jueces y secretarios.

El Gobierno quiere ahora que los registros sigan en sedes judiciales, atendidos por funcionarios, pero bajo la dirección de los secretarios (cuya actual denominación es abogados de la administración de justicia).

Los trámites van a seguir siendo gratuitos, algo que se decidió hace tiempo tras las quejas ciudadanas.

Rafael Catalá ha adelantado que el registro civil será público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo. Catalá propuso en el Congreso culminar en esta legislatura la reforma del registro civil prevista en la Ley 20/2011, aprobada por consenso. En primer lugar planteó un cambio desde el diálogo político y profesional con un compromiso: "impulsar un modelo de registro civil público, gratuito, electrónico y seguro, más eficaz y operativo".

En segundo lugar, y "para superar viejos debates y despejar todo tipo de dudas", hizo una propuesta que pueda servir de principio sobre el que trabajar, basada en dos ejes.

El primer pilar es que la llevanza del registro civil sea totalmente pública, confiando que su atribución a determinados empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales, con la idea, además. de crear las oficinas generales de registro civil singularizadas con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia.

El segundo puntal es que su gestión sea cien por cien pública, con un sistema electrónico de configuración del registro civil de titularidad estatal y que siga siendo gratuito.