Legalizar cada plaza de piso de alquiler turístico costará entre 600 y 1.000 euros

La cantidad más baja es la que estudian en Eivissa y Formentera. La cifra superior, esos mil euros de máximo, es la que se marcan como techo en Mallorca, donde los hoteleros pagan por cada plaza que compran para la explotación comercial un mínimo de 4.300 euros. Así que dar de alta una cama para turistas de alquiler costará una cuarta parte de lo que abonan los empresarios por la de hotel, pero costará. Y eso en sí ya es una novedad: hasta esta semana, cuando se ha presentado el borrador de la reforma del alquiler turístico, la última versión que había dado el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), era que la legalización de las plazas sería gratuita. Su explicación era entonces que iban a crear una regulación provisional, antes de que los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma delimitasen de forma definitiva donde se podría comercializar un piso turísticamente y donde no. "No podemos pedir que se pague por una plaza que puede ser cancelada", abundaba Barceló.

Pero finalmente no será así. El anteproyecto de ley, que en principio se convertirá en normativa en vigor allá por el mes de abril, sí crea un mecanismo con vocación de perdurar. La ley dejará en manos de los Consells Insulars la gestión de la bolsa de plazas, con el precio que tendrá en cada isla autorizar cada cama, cuyo pago dará acceso a un licencia con cinco años de validez.

El problema es que no habrá plazas para todos los que han estado arrendando ilegalmente en los últimos años. Que esa es la clave de la reforma del Govern: autorizan lo hoy prohibido, el alquiler a turistas en pisos de edificios plurifamiliares, pero imponen tantos obstáculos y requisitos que quedarán fuera del alquiler turístico legal miles de propietarios. Muchos miles: según las estimaciones que manejan tanto el Govern como la asociación que agrupa a los propietarios de vivienda vacacional (Aptur), hay 122.000 plazas que se están arrendando ilegalmente en la actualidad, cuando con el techo máximo de alojamiento que contempla la nueva regulación solo quedarán 43.000 camas para regularizar. Y no podrá haber ni una más de esas 43.000 libres. Con lo que quedarán fuera unas 80.000 plazas de alquiler.

Una carrera de obstáculos

¿Cómo determinar quien es excluido del suculento negocio del alquiler turístico en pisos en zona residencial? Pues el Govern ha optado por una especie de carrera de obstáculos. Primero, el piso en edificio plurifamiliar (las casas unifamiliares y pareadas hace años que tienen autorizado el alquiler turístico) deberá estar dentro de una de las zonas en las que el Consell Insular de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma permitan el alquiler. Los barrios y distritos excluidos se conocerán en los próximos meses, aunque tienen un primer boceto de lo que está por venir en la información que acompaña a estas líneas, en la que esencialmente se explica que tanto el Consell como el Ayuntamiento parecen decantarse por promover el alquiler turístico en las zonas actualmente menos masificadas.

El propietario que disponga de un piso en esas áreas, podrá entrar en la carrera por las plazas. Para ello deberá de tener un inmueble con cédula de habitabilidad y una antigüedad de más de diez años. En ningún caso podrá integrarse en el negocio turístico una vivienda de protección oficial. También quedarán excluidas todas las propiedades sobre las que pese algún expediente de infracción urbanística. Y luego además el piso ha de estar en una comunidad de vecinos que por mayoría haya aprobado el uso turístico en la finca. Si es así, el edificio tendrá además que estar adaptado a la legislación en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas, un punto aún por aclarar, reconoce el vicepresident Barceló, que avisa que en la aplicación más drástica de la normativa podría suponer que los edificios sin ascensor queden excluidos del alquiler a viajeros.

Y aún quedan pasos antes de lograr permiso. Muchos. El piso que cumpla todo lo dicho hasta ahora, deberá disponer también de un contador individual de agua, un certificado de eficiencia energética y comodidades turísticas tales como atención telefónica 24 horas o servicio de limpieza antes de la llegada de cada nuevo inquilino y de mantenimiento durante la estancia del huésped. El propietario ha de poner a disposición de sus clientes enseres básicos para la casa y ropa de cama. El inmueble deberá estar asegurado y el comercializador (la agencia, la web o el propietario) tendrá que estar preparado para informar a la Policía de la identidad de cada inquilino, como ya hacen los hoteles y como exige la normativa de seguridad ciudadana.

Tres habitaciones son seis plazas

¿Algo más? Pues sí. Quien llegue a este punto, aún tendrá que rascarse el bolsillo: serán entre 600 y 1.000 euros por plaza. Ojo, por plaza, no por piso: se cobrará por el número de personas autorizadas en el inmueble, que como máximo serán las que figuren en la cédula de habilidad de cada vivienda (en general, dos plazas por dormitorio). Es decir, una vivienda de tres habitaciones que supere todos los filtros aún deberá legalizar seis plazas, que saldrán a entre 600 y 1.000 euros cada una. Y eso son en total entre 3.600 y 6.000 euros, para una autorización que da derecho a la comercialización turística durante cinco años. Así que la fórmula legal para alquilar a turistas en pisos no será sencilla, ni barata. Y la ilegal puede salir muy cara: anunciarse en AirBNB y compañías sin cumplir estos requisitos implicará multas de entre 20.000 y 40.000 euros. Toca hacer cuentas.