El alquiler turístico en edificios plurifamiliares se quedará durante unos meses en una suerte de limbo legal que, en la práctica, impedirá arrendar legalmente pisos a turistas en bloques de viviendas. La intención del Govern es que el Parlament apruebe la reforma de la ley Turística en primavera. Entonces entrarán en vigor las multas, pero no la posibilidad de esquivarlas legalizando los pisos en el registro de Turismo. El problema se deriva de los trámites que exige la puesta en marcha de la nueva regulación del alquiler.
El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), anunció ayer que espera que la nueva normativa se apruebe "en marzo o abril". Desde el momento que se publique en el BOIB, tanto los nuevos requisitos para arrendar a turistas como las multas de entre 20.000 y 40.000 euros para quien opere al margen de la ley ya serán vigentes, pero en cambio no estarán listos los resortes que permitirán legalizar pisos en edificios plurifamiliares.
Estos llegarán entre dos y seis meses después, que es el tiempo que necesitan los Consells y el Ayuntamiento de Palma para definir las zonas de cada isla y de la ciudad en las que se permite el alquiler a turistas, haciendo los informes pertinentes, sacando el proyecto a exposición pública y contestando alegaciones, antes de la aprobación definitiva de ese mapa del alquiler.
Celeridad
Es decir, en marzo o abril estará la ley, y hasta junio, como pronto, no se abrirá el registro para legalizar los pisos en edificios plurifamiliares, confirma Barceló, que asegura que tanto Cort como el Consell de Mallorca trabajan para sacar la zonificación adelante de la forma más rápida posible una vez que se apruebe la reforma de ley turística. El futuro alcalde de Palma, Antoni Noguera, anunció que en su caso la delimitación de zonas donde el alquiler vacacional será legal "estará en la próxima temporada turística".
Con todo, Balears llegará al mes de junio y muy probablemente a los de julio y agosto con una regulación del alquiler turístico en vigor, pero a media aplicación. O dicho de otro modo: con las multas en marcha, pero no así la posibilidad de legalizar la situación.
La situación será así un tanto kafkiana para los propietarios, que hasta que se abran el registro de plazas no podrán anunciar sus pisos en portales como AirBNB, toda vez que si lo hacen tanto los dueños del inmueble como las webs y agentes comercializadores se exponen a sufrir multas de entre 20.000 y 40.000 euros.
La nueva ley que entrará en vigor en 2017 es explícita al respecto: las web de alquiler turístico solo podrán anunciar pisos y viviendas que tengan un número de registro de Turismo. Y como explica el vicepresidente, eso no será posible hasta que se complete la llamada zonificación (definición de las zonas donde el alquiler turístico es legal).
Todo igual con las unifamiliares
No tendrán en cambio problemas los propietarios de viviendas unifamiliares en casas aisladas o adosadas. Esa actividad ya es legal con la ley actual, que solo prohibe el alquiler en edificios plurifamiliares de zona residencial.
Como el arrendamiento vacacional en casas y adosados está regulada desde hace años, la mayoría de estos propietarios cuentan ya con un registro de Turismo. Y por tanto podrán operar con normalidad. Pueden además respirar tranquilos: aunque el Consell de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma prohíban en su zona el alquiler turístico, ellos conservarán su derecho a seguir alquilando. Lo corrobora Barceló, que advierte no obstante que este tipo de propietarios, si renuncian a su licencia y luego su zona es prohibida, no podrán recuperarla.
El vicepresidente asegura que la ley que regulará por vez primera en Balears el creciente fenómeno del alquiler turístico servirá para establecer "un techo real de plazas" -subraya lo de "real"-, frente a la situación actual. "La normativa actual no respondía a las demandas", apunta Barceló, quien recalca que el objetivo del Govern con esta regulación es "priorizar la sostenibilidad".
"Hay una demanda creciente, es imposible contentar a todo el mundo", admite Barceló con el anteproyecto de ley que presentó el lunes su departamento. "Es una de las herramientas que nos permitirá regular las plazas" del mercado balear, insistía ayer el vicepresidente, relacionándola con el impuesto sobre el turismo sostenible. "No todo lo que hoy se comercializa turísticamente podrá seguir haciéndose", aseveró. Entre la liberalización absoluta y la restricción total, el Govern ha buscado el equilibrio, asegura el responsable de Turismo.
Uno de los puntos que más debate suscitará de la nueva ley, la necesidad de que las comunidades de propietarios aprueben por mayoría el alquiler turístico en un inmueble plurifamiliar, no suscitará conflictos jurídicos, según Barceló: "Hemos consultado a expertos en Derecho civil y de la UIB y nos han confirmado que el Govern puede llevar adelante esta regulación en plurifamiliares".
El Govern cree que esta autorización por parte del vecindario afectado por la actividad "es la mejor manera de salvaguardar los intereses comunitarios, las instalaciones como jardines, piscinas, los hábitos de los vecinos", en palabras de Barceló. El vicepresidente en cualquier caso no da plazos para la aplicación completa de la nueva ley, y en consecuencia para abrir el plazo de solicitud de licencias. "Queremos que sea lo antes posible", dijo Barceló, quien puso el énfasis en el cambio normativo que supone que los Consell y Cort puedan decidir en dónde se puede y en dónde no alquilar pisos turísticos.
