Andrés Sansó Simón, un vecino de Palma de 40 años, no acaba de asumir lo que le está pasando: hace unos días compró a un banco, por mediación de una inmobiliaria, un piso libre de cargas y al querer tomar posesión del mismo se encontró con una familia de okupas dentro, que habían cambiado las cerraduras.
"Pensaba hacer unos pequeños arreglos en ese piso, pintarlo y hacer una pequeña reforma e irme a vivir allí. Ahora tengo que vivir con mi madre y suerte de que tengo esa casa", explica desazonado el afectado.
Andrés Sansó andaba detrás de esta vivienda, situada en la finca 33 de la calle Tomás Forteza de Palma, desde septiembre. El piso era propiedad de una entidad financiera que lo había puesto a la venta a través de una agencia inmobiliaria.
"Hubo problemas con la tasación del inmueble y la compraventa se fue aplazando; yo estuve varias veces en la casa y también pasé por la zona otros días para ver si había problemas para aparcar y el ambiente de la calle. Finalmente el banco vendedor aceptó concederme una hipoteca y la operación se selló", añade el denunciante.
El pasado 23 de noviembre Sansó acudió a una notaria donde firmó la hipoteca y las escrituras de su nueva casa. En ese acto le dieron las llaves del que pensaba iba a ser su hogar, pero las cosas se truncaron.
"El día 24, sobre las cuatro de la tarde, fui a mi casa para estudiar los futuros arreglos y me encontré con que la llave que me habían dado los de la inmobiliaria no funcionaba. Al principio pensé que era torpeza mía, pero cuando comprobé que la llave no coincidía con el bombín me dio mala espina".
El comprador avisó a la inmobiliaria que envió un agente a la finca. Este empleado descubrió el pastel: habían entrado okupas en la casa.
"El de la inmobiliaria llamó a la puerta y le abrió una familia que le dijo que tenían un contrato de alquiler y que les habían dado las llaves de ese piso". Entonces avisó a la Policía".
Una dotación de la Policía Nacional se desplazó al lugar y se entrevistó con el flamante dueño de la casa y con los intrusos. Estos volvieron a alegar que poseían un contrato, pero que tenían que ir a buscarlo a otro lugar. Sansó, al cabo de hora y media de espera en vano, decidió acudir al juzgado de guardia a denunciar la usurpación del inmueble.
Pasados los días la denuncia penal no ha tenido ninguna trascendencia. Un abogado ha aconsejado al denunciante que reclame formalmente al banco y a la agencia porque la casa no estaba libre de cargas como se afirmó en la notaría.
El día 24 de noviembre la familia denunciada estaba todavía llevando enseres al piso. A esa circunstancia se agarra la inmobiliaria para tratar de escurrir el bulto: la vivienda fue allanada cuando ya era propiedad de Sansó.
Aviso del presidente
Las cosas no están, sin embargo, tan claras. El denunciante ha hecho pesquisas y ha descubierto que ya el pasado 17 de noviembre el presidente de la comunidad de vecinos del 33 de Tomás Forteza envió un aviso urgente a bancos con pisos en la finca alertando de que sus propiedades habían sido ocupadas.
"El banco no hizo nada para comprobar si la vivienda estaba habitada y me la vendió el día 23 como libre de cargas", razona Sansó.
Otra vecina del inmueble ha informado al perjudicado de que el día 23 ya había detectado luces de linterna en la cocina de su casa. En la vivienda no hay luz ni agua por carecer de contadores. Esta testigo también ha relatado que días antes observó saliendo de la casa a dos personas con cascos de obreros.
Todo parece indicar que la entrada ilegal en la vivienda tuvo lugar antes de la compraventa en la notaría.
El afectado emplazó hace unos días, y por conducto notarial, a la entidad financiera vendedora para que le dé una solución al grave problema. En caso contrario Sansó ejercerá las acciones legales oportunas, entre las que no se descarta una denuncia por presunta estafa.
"La casa me ha costado 72.000 euros y no puedo disfrutar de ella. Ahora, y sin vivienda, tengo que seguir pagando los plazos del préstamo hipotecario", se lamenta Sansó.
El perjudicado teme que tenga que instar el desahucio de la familia por la vía civil, un proceso que puede alargarse varios meses.
Si los residentes ilegales en un inmueble acreditan que moran allí y, si como en este caso, alegan poseer un contrato de alquiler el desalojo expeditivo por la vía penal parece poco probable, una realidad que desmoraliza a Andrés Sansó.
