El Govern considera "nulo de pleno derecho" el recorteque piensa aplicar a partir del 1 de enero el Gobierno central al descuento para residentes de Balears que deban coger un avión o un barco para salir de las islas. Madrid ha aplicado el recorte en las bonificaciones a los viajes de grupos y el Govern le ha requerido para que suspenda esta medida. Desde la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya están trabajando en el recurso contencioso administrativo que presentarán ante la Audiencia Nacional si el ministerio de Fomento no rectifica y suspende la norma antes de su entrada en vigor.
Los letrados del Govern consideran que la medida que Madrid piensa aplicar en enero no es válida, ya que "una resolución que aplica cuantías máximas bonificables no puede ser tomada por la Dirección General de Aviación Civil como se ha hecho. El organismo competente es únicamente el Ministerio de Fomento mediante una orden ministerial y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", paso que tampoco se ha producido según el Govern.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, confía en que Madrid rectifique antes del próximo día 1 de enero, ya que de lo contario supondría un encarecimiento de los vuelos en los viajes de grupos que afectaría a un número considerable de ciudadanos. "En todo caso, el Govern ya está trabajando y creemos que tenemos fundamentos jurídicos que nos dan la razón para que se suspenda esta medida del todo perjudicial para Balears", aseveró Marc Pons.
Los argumentos jurídicos, en los que está trabajando la Abogacía de la Comunidad Autónoma para recurrir la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional, están basados tanto en la forma utilizada como en el contenido de la misma de la norma que dictamina el recorte que quiere aplicar Madrid al descuento de residentes para viajes en grupo. En cuanto a la forma, los letrados del Govern consideran que una decisión que pretende introducir cuantías máximas bonificables debe ser tomada por el ministro de Fomento mediante orden ministerial y no con una resolución de la Dirección General de Aviación Civil como se ha hecho. Entre otras cosas, porque la medida no fue publicada en el BOE como sí se publican las órdenes ministeriales que dicta el Gobierno. Este es el principal argumento jurídico que será plasmado en el recurso ante la Audiencia Nacional para demostrar que la resolución es "nula de pleno derecho".
Obligación de consulta
Otro de los argumentos jurídicos del Govern es que la Ley 30/1998 del Régimen Especial de Balears (REB), en el artículo 5, prevé que "cualquier cambio de la cuantía de las subvenciones a los residentes en materia de transporte deberá ser objeto de consulta a la Comunidad Autónoma". Además, recuerdan que "en ningún caso podrá suponer una disminución de las ayudas ya acordadas o un deterioro de la calidad del servicio.
Por ello, una limitación de la subvención para transporte aéreo -que es en definitiva lo que supone la medida que ha tomado la Dirección General de Aviación Civil- exige una orden ministerial y siempre previa consulta al Govern de Balears. Desde la conselleria de Territorio y Movilidad recuerdan que "estos hechos no se han producido y que, ya por sí solos, obligan al Ejecutivo autonómico a requerir que quede sin efecto la resolución como paso previo a la interposición del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
Por otra parte, Marc Pons recordó que esta decisión se tomó cuando el anterior Gobierno del PP estaba en funciones y que desde el primer día se está pidiendo una reunión urgente con Fomento para poder aclarar la situación. No obstante, desde Madrid no han contestado a las peticiones de Balears. El próximo lunes sí que está prevista un reunión entre Fomento y la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (AVIBA). Esta entidad cifraba en un 30% los ciudadanos afectados por la medida que viajan en grupo y verán aumentado el precio de sus billetes.
Según ha podido saber este periódico, AVIBA se reunió ayer con la delegada del Gobierno, María Salom, para preparar la reunión del lunes. Desde la entidad se le explicó a Salom, que esta misma semana defendía la medida y apuntaba que solo afectaba al 1% de la población, los argumentos jurídicos que indican que la norma de Aviación Civil puede anularse ante los tribunales. Salom quedó sorprendida de la contundencia de los mismos.
