El Govern acusó ayer al Gobierno central de intentar "restar autogobierno" a Balears con la impugnación de artículos de la Ley de evaluación de impacto ambiental, ya que "quita competencias y limita el poder de decisión de Balears al intentar que no se consulten los planes estatales a la comunidad".

Así lo expresó el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Balears, Antoni Alorda, y el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir, durante un encuentro para explicar los puntos en los cuales hay divergencias entre ambas administraciones.

Según señalaron, el Estado invitó a Baleares a conciliar la ley de Evaluación de Impacto ambiental (AIA), aprobada en julio en el Parlament y en vigor desde el mes de agosto pasado, lo que se trata de un trámite previo a la impugnación de ciertos artículos de la normativa ante el Tribunal Constitucional.

Para Vidal, la ley defiende los intereses de las islas y adapta la normativa estatal al hecho insular, una argumentación que compartió Alorda, quien consideró que la norma estatal básica es "muy centralista pero que permite cierto margen de maniobra" y recordó que la adaptación se tendría que haber hecho en 2014.

Las materias objeto de discrepancia son los planes y programas excluidos de evaluación, el artículo 26, el 28, el 33, los anexos y la disposición final segunda, que modifica la LECO, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.

La directiva europea prevé que la normativa excluya de evaluación algunos planes porque se entiende que no tendrán efectos desfavorables, para evitar hacer trabajo innecesario y burocratizar la tramitación. En cambio, Alorda criticó que "el Estado no lo ha previsto en la legislación básica y extrae la consecuencia que, si él no lo ha hecho, no lo podemos hacer".