La burbuja del alquiler turístico dispara el precio de la vivienda

El Índice de Precios de la Vivienda documenta que el valor de los inmuebles en las islas se ha incrementado un 5,4% durante el último año, una subida más vertiginosa que el 4,1% del conjunto del Estado. Y eso que el dato nacional queda distorsionado por el peso de las comunidades de Madrid y Cataluña, las únicas que aguantan el ritmo de aceleración inmobiliaria de Balears, con incrementos también superiores al 5%. Las dos regiones capitalinas y las islas son la excepción dentro de un país aún renqueante tras el estallido en 2008 de la burbuja del ladrillo: en el resto de España continúa la atonía inmobiliaria, con avances en los precios siempre inferiores al 3%.

Los valores de la vivienda en las islas están engordando el doble de rápido que en la mayoría de España. Aunque hay que introducir matices de peso, que a la vez explican la situación. El más importante está relacionado con la vivienda nueva, que no sube tanto de precio en las islas. ¿Por qué? Lo explicaban este domingo en Diario de Mallorca portavoces del sector inmobiliario, que aclaraban que es imposible que suba de precio lo que no existe: apenas hay promociones de obra nueva en marcha y lo que llega a los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos son, sobre todo, proyectos de rehabilitación de inmuebles. Con lo que lo que se vende es vivienda de segunda mano, encima revalorizada por la rentabilidad que está ofreciendo el alquiler turístico, muchas veces ilegal (en Balears está prohibido y sancionado arrendar a turistas en edificios de pisos residenciales). Así se entiende que la vivienda usada se haya encarecido en el último año más del doble que la nueva: sube un 5,7%, frente al 2,3% de los pisos recién construidos. A esta diferencia contribuye un factor clave, también documentado por el Instituto Nacional de Estadística: los pisos nuevos cuestan un 26% más que los usados, margen que inclina a los inversores en favor del inmueble de segunda mano, sobre todo cuando luego la vivienda se va a rentabilizar con alquiler a turistas.

Con tantas presiones inflacionista, el alza en los precios es tal que deja a Balears como la comunidad con el coste medio del metro de vivienda más caro del Estado, realidad que se acentuará en los próximos meses: según explicaba en la edición del domingo de este diario el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José María Mir, los precios de la vivienda van a continuar subiendo con fuerza en unas islas que "están inmersas en otra burbuja, esta vez causada por el alquiler turístico".

Nuevos límites al alquiler turístico

En este contexto de inflación inmobiliaria, cobra mayor importancia la reforma legal en la que trabaja el Govern balear para regular el alquiler turístico. La nueva ley, en la que se trabaja desde antes del verano, se presentará en sociedad en las próximas semanas, aunque el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), ya ha confirmado varios puntos. Primero: se permitirá lo ahora prohibido, es decir, el alquiler a turistas en pisos de edificios plurifamiliares residenciales (con lo que podrá haber turistas en el 1ºB o el 6ºC, como ahora, solo que será legal). Segundo: habrá un límite máximo de plazas disponibles para alquiler turístico, y el que no entre en el cupo no podrá alquilar (se repartirán unas 40.000 plazas entre las 120.000 que se estima que ahora se alquilan ilegalmente a viajeros, con lo que dos terceras partes de la oferta irregular parece condenada a seguir operando en negro). Tercero: para conseguir esas plazas legales de alquiler a turistas habrá que reunir unos requisitos mínimos de calidad y servicio, amén de recaudar el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa). Cuarto: las web especializadas en alquiler turístico, tipo AirBNB o Homeaway, solo podrán incorporar a su oferta los pisos que cuenten con una autorización de Turismo y el ayuntamiento que corresponda. Y quinto y quizá más importante: el Govern reforzará el servicio de inspección del alquiler y elevará la cuantía de las multas, con el objetivo de que tengan el efecto que no logran ahora, disuadir de la ilegalidad en el arrendamiento a través de AirBNB y compañía.

Con todo esto, combinado con una Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlament para castigar la especulación inmobiliaria por parte de bancos y empresas que acumulan viviendas vacías, el Govern pretende poner orden en el sector y acabar con problemas sociales como los que genera la falta de oferta asequible, que dispara los precios de alquiler y compra y expulsa a los residentes de zonas de moda entre los turistas.