La delegada del Gobierno en Balears, Maria Salom, quitó ayer hierro al impacto de la restricción del descuento de residentes en los billetes aéreos para grupos y empresas, que a su juicio solo afectará "al 1 % de los usuarios", y justificó la medida en la necesidad de combatir el fraude.
"Se ha abierto este tema porque hay un problema de fraude", afirmó Salom tras entrevistarse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, por primera vez desde su nombramiento como delegada el pasado día 18. La representante del Gobierno central hizo hincapié en que con la limitación de la rebaja de residente en los billetes contratados para grupo o mediante convenios de empresas "no se suprime el descuento aéreo a nadie".
"Lo que se intenta es evitar que el dinero que debe ir para residentes se dedique a otra cosa", justificó Salom, que recordó que el Gobierno central aporta al año 350 millones de euros para abonar la mitad del precio de los vuelos entre las islas y de los archipiélagos con la península.
La dirigente del PP explicó que el ministerio de Fomento mantiene la subvención "siempre que el precio del billete esté dentro del precio medio" y señaló, pese a defender el intento de evitar el fraude, que hará lo posible para que el cambio del sistema no perjudique a los usuarios del transporte aéreo. "Se están haciendo gestiones", aseguró.
La medida de la dirección general de Aviación Civil supone aplicar el descuento de residente del 50 por ciento únicamente al precio que se fije como tarifa máxima para cada ruta, mientras que la parte del precio que exceda de este límite no estará sujeta a descuento.
El pasado viernes el Consell de Govern aprobó formalizar un requerimiento al Ministerio para que revoque la resolución de la dirección general de Aviación Civil en la que se introdujeron variaciones en la liquidación del descuento de residente para viajes colectivos.
Dicha resolución entra en vigor el próximo mes de enero y, por ello el Govern planteaba el viernes este requerimiento como primer paso para frenar la medida antes de su aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. De no prosperar este requerimiento, el Govern podría interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Por su parte, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, trasladó ayer a la presidenta del Govern, Francina Armengol, la "firme oposición" de los empresarios de las islas a los recortes en el descuento de residente que tiene previsto implantar el ministerio de Fomento. Planas manifestó que la decisión de Fomento de fijar un importe máximo subvencionable al descuento de residentes para grupos "es muy perjudicial para las empresas de Balears en general, especialmente para las pequeñas y medianas, y para todos los ciudadanos".
