Abel Matutes, empresario y exministro del Gobierno Aznar, superó con gran solvencia su comparecencia ante la comisión parlamentaria que está investigando el sobrecoste de las nuevas carreteras de Eivissa. El expolítico del PP, que prefirió contestar en castellano a casi todas las preguntas, tuvo la habilidad para salir de la sala no como beneficiario de las infraestructuras, sino incluso como perjudicado.

Los grupos políticos del Pacte habían pedido la declaración de Matutes ante las sospechas de que el empresario se aprovechó de la tierra sobrante para utilizarla después en un campo de golf que tenía proyectado en uno de sus terrenos de Eivissa, que después no se hizo. Sin embargo, el empresario negó cualquier irregularidad que le hubiera ocasionado algún beneficio personal, gracias a su relación con el Govern de Jaume Matas, a través de la construcción de estas vías, que calificó de "muy buenas para el ciudadano, pues cada año morían unas 30 personas en las carretera del aeropuerto y desde entonces no ha vuelto a morir nadie más". El exministro aseguró: "Jamas me he beneficiado de la política, ni he utilizado nunca mi cargo público en beneficio de mis negocios particulares". Explicó, por ejemplo, que todo el sueldo que le correspondía por ocupar un cargo público "lo destinaba siempre a la Fundación Abel Matutes con el que, por ejemplo, se subvencionaba los equipos de fútbol base de Eivissa". Esta fundación, recordó, entrega ayudas a distintas entidades por un valor anual de unos 200.000 euros.

A pesar de los intentos de los parlamentarios de Més y de Podemos de que Matutes reconociera algún tipo de beneficio con estas tierras sobrantes, el exministro sostuvo que, al contrario, "no me han ocasionado más que problemas porque han destrozado varias de mis fincas". Explicó que las obras se estuvieron construyendo en época veraniega, por tanto, en temporada turística, y que los camiones que trasladaban la tierra sobrante al vertedero, estaban colapsando a diario la única vía que existía. Por este motivo, "propuse que la depositaran en mis terrenos, con el compromiso de la constructora de que la retiraría una vez terminada la obra, sin que hasta ahora lo hayan hecho", detalló. Matutes demostró con documentos la comunicación escrita que envió a la constructora exigiéndole la retirada de los escombros, sin recibir respuesta. Para solucionar el problema, propuso quedarse con la mitad de la tierra depositada en sus fincas, pero exigiendo la retirada del resto. Tampoco alcanzó ningún acuerdo.

Este conflicto entre los intereses enfrentados se tradujo en una demanda, que llegó hasta el Supremo. La sentencia condenó a la constructora a indemnizar al empresario con un euro al año por cada tonelada de tierra depositada en las fincas, situación que se prolongará hasta que no se retire. El empresario explicó que esta indemnización se la está pagando el Govern como responsable civil subsidiario, a razón de unos 100.000 euros al año, aunque en estos momentos le debe dinero. Sin embargo, el exministro propuso, para evitar que esta situación repercuta en las arcas públicas, que el Ejecutivo descuente este gasto en la factura anual que le esta pagando a la constructora por el canon de estas carreteras de Eivissa. El empresario reconoció que los jueces le concedieron una indemnización mucho menor de la reclamada, puesto que se valoró que existía una especie de acuerdo para dejar la mitad de los residuos. Sobre el interés empresarial que podía tener para quedarse con este material sobrante, el empresario aseguró que "no necesitaba estas tierras para construir el campo de golf". Explicó que "estas tierras no servían para este tipo de construcción" y aportó un documento del diseñador del campo deportivo, que señalaba que no haría falta utilizar tierra exterior, ya que se podría aprovechar la de la propia finca. Matutes subrayó en que su insistencia en la retirada de las tierras fue muy anterior en el tiempo al rechazo de su proyecto urbanístico.