El juzgado de primera instancia número 22 de Palma celebrará el próximo día 21 la vista oral de la demanda de las religiosas Jerónimas contra el obispado de Mallorca por la propiedad del monasterio de Santa Elisabet, conocido como Sant Jeroni, según se dispuso ayer tras una vistilla de preparación de prueba. En la vista oral comparecerán cuatro testigos, entre ellos el anterior obispo de Mallorca, Javier Salinas, al que las demandantes acusan de apropiarse ilegítimamente del monasterio.
El Obispado, representado por Raimundo Zaforteza, inmatriculó el inmueble en el Registro de la Propiedad el 30 de diciembre del 2014. La diócesis mantiene que el monasterio ha sido de su propiedad durante más de un siglo, tras varias leyes, disposiciones y acuerdos dictadas en los procesos de desamortización de bienes religiosos del siglo XIX.
Según esta parte, está documentado que el monasterio es propiedad de la Iglesia desde hace décadas y no pertenece a la orden demandante.
Pilar Rosselló, letrada de las Jerónimas, propuso ayer cuatro testigos para la vista, entre ellos el anterior obispo Javier Salinas y el canciller y el vicecanciller del obispado. Salinas, previsiblemente, responderá a las preguntas de las partes a través de videoconferencia, dado que actualmente reside en Valencia.
La demanda culpa a Salinas de haberse aprovechado del traslado de las Jerónimas a Inca para despojarlas del inmueble, sobre el que pesarían operaciones especulativas para convertirlo en un hotel de lujo.
Por el contrario, el Obispado ha señalado que está buscando otra orden religiosa para dar nueva vida al monasterio.
Las Jerónimas tenían planeado vender el recinto religioso, menos el templo, que iba a ser cedido al Obispado. La mitad del dinero obtenido por la venta iba a ser destinada a Cáritas y la otra parte se invertiría en mejorar otros monasterios jerónimos de la península.
La demanda mantiene que las Jerónimas tenían intención de inscribir en el Registro de la Propiedad Sant Jeroni a su nombre y así se lo adelantaron al obispo Salinas.
Este habría obstaculizado la iniciativa de las religiosas y aprovechado ese tiempo para inmatricular el convento a nombre de la Iglesia de Mallorca.
