Maximiliano Morales, el expresidente del Parlament durante la época del Pacte, nombrado a propuesta de Unió Mallorquina, obtuvo unas ganancias millonarias gracias a la recalificación urbanística en la que él intervino del polígono de Son Oms.
El nombre del expolítico figura en el escrito de acusación que la fiscalía Anticorrupción ha presentado para llevar a juicio el pelotazo urbanístico que se cometió con estos terrenos junto al aeropuerto, que gracias a las influencias políticas pasaron de ser suelo rústico, sin capacidad de construcción, a suelo industrial, disparando por tanto su valoración económica.
Según apunta la fiscalía, Maximiliano Morales formaba parte de un triunvirato que habían creado junto a Maria Antònia Munar (con la que compartía despacho) y Bartomeu Vicens. Aunque la acusación sostiene que los tres gestionaron desde la sombra la recalificación urbanística, ninguno de ellos figura en los documentos. La figura visible de toda la operación fue el abogado Jaime Montis, ya fallecido, que creó una sociedad unipersonal con la que gestionó esta operación.
Aunque ni Morales ni Vicens aparecían en los documentos, fueron las dos personas que propusieron a los dueños de los solares que si conseguían la recalificación urbanística, a cambio tendrían que cederles el 15 por ciento de los terrenos. La operación se gestionó a través de la sociedad que creó el abogado Montis, que después se encargó de repartir los beneficios entre los socios. Mientras, según sostiene el fiscal, Munar y Vicens cobraron con dinero en metálico (unos 400.000 euros cada uno), Maximiliano Morales prefirió cobrar con propiedades. En concreto, se quedó con dos fincas. La primera se adjudicó a la sociedad de Montis en 2002 y fue vendida dos años después por 750.000 euros a una empresa controlada por Morales, que únicamente pagó 30.000 euros. Dos años más tarde la vendió por 2.818.000 euros.
Una operación similar realizó en las mismas fechas por otro de los terrenos. Se declaró una venta de 1.000.000 euros a una empresa de Morales, que únicamente pagó 50.000 euros. Sin embargo, este mismo terreno lo vendió dos años más tarde por 3.082.859 euros.
Por tanto, con estas dos operaciones inmobiliarias, realizadas tras la recalificación urbanística, el expresidente del Parlament generó unos ingresos de casi seis millones de euros.
La fiscalía propone que Morales, que nunca ha sido juzgado en una causa por corrupción, responda de los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Anticorrupción propone que se le imponga una pena de cinco años de prisión. En el aspecto económico le reclama 2,5 millones de euros.
