30 de noviembre de 2016
30.11.2016
Corrupción

Piden siete años de cárcel para Munar por los contratos de la radio del Consell

Anticorrupción le imputa delitos de fraude, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias

01.12.2016 | 01:42
Munar volverá a compartir banquillo con sus antiguos compañeros de UM.

El juez ha vuelto a dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral que lleva otra vez al banquillo a Maria Antònia Munar, la expresidenta del Consell de Mallorca que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Palma. Un nuevo proceso que se refiere a los contratos que el Consell de Mallorca firmó con una empresa privada para poner en marcha la radio de la institución. Una contratación que, según la fiscalía Anticorrupción, se realizó sin respetar las normas administrativas, concediendo el proyecto a una empresa que no contaba con los requisitos mínimos. La condición principal que tenía esta sociedad, creada únicamente para este proyecto, es que su propietario era íntimo amigo de Bartomeu Vicens, hasta el extremo de que la esposa de este empresario actuó como testaferro del exconseller del Consell de Mallorca.

El auto de apertura de juicio oral que lleva al banquillo a la antigua cúpula de Unió Mallorquina se dicta a petición de la fiscalía Anticorrupción, que pretende que se juzgue de nuevo, no solo a Munar, sino también a Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, Alfredo Condey a su esposa Elisabeth Dieguez, así como al exconseller Miquel Angel Grimalt y Antoni Moragues.

En este caso de corrupción la fiscalía imputa a Munar los delitos de prevaricación continuada, fraude continuado, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Propone que se la castigue con una pena de siete años de cárcel que, en el caso hipotético que se aceptara, se sumarían a los once años que ya está cumpliendo. En el aspecto económico le reclaman una multa de cinco millones de euros.

Todo este caso pivota sobre el proceso de contratación de la radio del Consell de Mallorca, un proyecto que supuso una inversión de dinero público de tres millones de euros. Este proyecto se concedió a la empresa Estudio Media Comunicación. La sociedad la constituyó Alfredo Conde, nombrado director de la radio, y su esposa Elisabet Diéguez. El matrimonio mantenía una estrecha amistad con Bartomeu Vicens, que actuó en ocasiones como asesor legal de esta empresa.

Esta sociedad se creó en el año 2000 y se constituyó con el único propósito de obtener este contrato con el Consell de Mallorca. Obtuvo antes que nadie los requisitos de la convocatoria gracias a la información que les facilitó Bartomeu Vicens, entonces conseller del Consell de Mallorca. Estudio Media consiguió el contrato público, a pesar de que no cumplía con los requisitos mínimos que se exigen para contratar con cualquier administración. Por ejemplo, carecía de la clasificación mínima y tampoco acreditó que estuviera al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. De hecho, Estudio Media había pedido un aplazamiento del pago de impuestos.

Otros requisitos que no cumplía eran solvencia económica o material para llevar a cabo el proyecto. Carecía también de locales, de personal y de equipo técnico. A pesar de que todos estos requisitos son obligatorios por ley para otorgar estos contratos públicos, en el pliego de condiciones del proyecto se omitieron.

No cree el fiscal que fuera un error, sino que se omitió a propósito para favorecer a la empresa de Alfredo Conde.

El empresario firmó un primer contrato y dos prórrogas posteriores, sin contar todavía con los requisitos mínimos para desarrollar este proyecto.

La fiscalía Anticorrupción mantiene que Maria Antònia Munar, en su condición de presidenta del Consell de Mallorca, era la responsable de que estas irregularidades no se cometieran. La acusa de consentir esta contratación y la relacionan con el hecho de que se trataba de personas próximas a Unió Mallorquina.

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